La norma establece que la carga horaria no será mayor a 12 horas semanales de trabajo por vínculo laboral para el profesional médico, independientemente a que sean nombrados o contratados, y del orden de prioridad y complejidad del servicio prestado.
La norma también plantea que el salario base del profesional médico por vínculo laboral no será menor a tres salarios mínimos vigentes para actividades diversas no especificadas. También se establece la obligatoriedad del pago correspondiente a horas extras y seguro de salud para los profesionales médicos independientemente al vínculo contractual establecido ya sean del sector público o privado.
Los diputados cartistas y liberales, proyectistas de la norma también prevén el pago de intereses por salarios caídos. Se establece que el retraso de dos meses o su equivalente en tiempo y en términos contractuales, será considerado impago y correrá un interés correspondiente a una vez y media la tasa de interés bancario promedio establecido por el BCP.
Los detractores de la norma mencionan que sólo para cubrir los salarios de los médicos de Salud se necesitará de unos US$ 20 millones anuales, sin contar a los contratados. Además, de los ajustes que deberán realizarse con cada aumento del salario mínimo. Cuestionan que también se legisle sobre el ámbito privado.