A poco tiempo de que el Poder Ejecutivo haya promulgado la Ley N° 6725/2021 “Que crea un Fondo Nacional para la cobertura de gastos durante la hospitalización en las UTI de personas con covid-19 en los sectores público, privado y previsionales y la adquisición de medicamentos esenciales” y se haya reglamentado su aplicación mediante la Ley 6742/2021, los recursos destinados a esta “Ley de Gasto Cero” se están agotando.
Según el Ministerio de Salud Pública (MSPyBS), a la fecha, ya se confirmó la aplicación de la ley a 663 pacientes internados en terapia intensiva, lo que equivaldría a un monto aproximado de G. 8.619.000.000 por día y total de G. 163.761.000.000 considerando un promedio de 19 días de internación en terapia. Además, otros 123 pacientes hospitalizados en salas normales también solicitaron ajustarse a la ley, lo que suma un monto de G. 615.000.000 por día y un total de G. 6.150.000.000 por 10 días de internación.
“Estos montos sumados (UTI y sala común) alcanzan G. 169.911.000.000 que básicamente es todo el fondo que se creó para la aplicación de esta ley. No sabría explicar cómo se logrará seguir, los dueños de la plata son los del Ministerio de Hacienda. Salud ya les lanzó la alarma a ellos”, explicó al respecto el doctor Ángel Núñez, director de Terapias de Salud Pública.
Según dijo, la Ley 6725 dispone de un fondo de unos 90.000 salarios mínimos, es decir, alrededor de G. 197.280.000.000), en tanto que la Ley 6742 que complementa la anterior, no creó ningún fondo.
Al respecto, el viceministro de Hacienda, Marco Elizeche comentó que la citada ley tiene un límite de unos 30 millones de dólares, de los que ya se han usado la mayor parte, unos US$ 25 millones. “En las próximas semanas se estaría agotando el monto autorizado. Vamos a tener que conversar con el Congreso. A este ritmo sería muy difícil seguir sosteniendo la ley”, sostuvo.
Convenio con privados
Con respecto al acuerdo de Salud Pública con los sanatorios privados para el traslado de pacientes, el director de Terapias manifestó que este convenio está basado en un decreto de declaración de emergencia que depende de los Fondos Covid, unos 24 millones de dólares.
“En los 17 sanatorios con los que tenemos convenio actualmente, ya se prestó atención a 1.548 pacientes, tanto en UTI como en salas y ya se pagaron cerca de 27.000 millones de guaraníes”, dijo Núñez al tiempo de mencionar que según las carpetas pendientes hay una deuda de unos 23 mil millones de guaraníes.
“No es que Salud Pública se lava las manos y no quiere pagar. Los sanatorios saben que hay procesos administrativos que se deben cumplir y son conscientes de que la mayoría de sus carpetas no cumplen con estos requisitos administrativos”, alegó.