“La aprobación de la Ley de Servicios de Confianza, con la redacción del artículo 103 en versión de Diputados, significará la paralización inmediata del uso de más de 5.000.000 de billeteras electrónicas hoy habilitadas en Paraguay”, inicia alertando el comunicado, que difiere en la apreciación del otro sector en conflicto con este proyecto de Ley que debe ser tratado en la Cámara Baja y que tiene como punto de conflicto el establecer criterios que impedirían a las telefónicas seguir operando con el servicio de los giros de dinero.
“Tal como está redactado el artículo 103 de la versión Diputados, se vuelve inaplicable el servicio de las billeteras electrónicas, y se pone innecesariamente en peligro su amplia utilización, así como todos los avances logrados en el ámbito de la inclusión financiera”, insiste el comunicado.
Hay que recordar que estos servicios de billeteras electrónicas han tenido un mayor alcance a servicios similares proveídos por los bancos, atendiendo la masividad del acceso a celulares con relación a las cuentas bancarias.
De hecho, el gremio de Operadoras Móviles sostiene que 2 de cada 3 paraguayos utilizan esa vía a diario para realizar transacciones financieras, y que de prosperar la iniciativa, el sistema quedaría truncado. En contrapartida, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) defiende por su parte la versión de Diputados, porque establece criterios de seguridad más estrictos que exigir a los prestadores del servicio y que estos se apliquen de manera inmediata.
“Buscando proteger a los usuarios de las billeteras electrónicas, tanto el Banco Central del Paraguay (Regulador), como el Ministerio de Industria y Comercio (creador de la norma), se manifestaron a favor de la versión del Senado que permite que el BCP defina los niveles de seguridad de las transacciones, respetando los criterios de gradualidad e inclusión”, sostiene las telefónicas, insistiendo en que no se ponen a mayores exigencias, sino a que se impongan de manera inmediata y sin plazo para adaptarse.
De hecho, recordaron que actualmente no están exentos a los controles, tanto del BCP como de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) y que los montos promedios que se envían no superan los G. 150.000, lo que indicaría que quienes utilizan mayoritariamente el servicio son los sectores de la población que se encuentran en mayor vulnerabilidad económica.