SALTO DEL GUAIRÁ (Rosendo Duarte, corresponsal). El intendente Carlos Cesar Haitter (ex-PDP) presentó el 18 de mayo pasado a la Junta Municipal un pedido para la elaboración del proyecto ejecutivo y ejecución de una planta de tratamiento de agua potable para la ciudad. La idea es abastecerse toda la ciudad con aguas del río Paraná y suplantar las juntas de saneamiento. El presupuesto para la obra asciende a G. 70.000 millones.
Los ocho concejales oficialistas, sin mucho trámite y en tiempo récord, el 24 de mayo último aprobaron el requerimiento. Este singular acompañamiento permitió que desde ayer esté en proceso el llamado de licitación pública nacional.
En treinta días, tras la firma del contrato, la empresa debe tener terminado el proyecto ejecutivo, según la convocatoria.
En principio la comuna local programó destinar cerca G. 18.000 millones para empezar la obra este año, pero la presión ciudadana que pide priorizar las inversiones en salud pública por la pandemia del covid-19 obligó a los concejales a reprogramar unos G. 3.000 millones. Este dinero se destinó a la compra de una planta de oxígeno y la construcción un pabellón de contingencia en el hospital regional.
Según los datos, la institución municipal solo dispone de G. 15.000 millones este año para los trabajos, por lo que el llamado a licitación será con pago plurianual. Es decir, se pretende endeudar a la comuna por unos G. 55.000 millones que deberá pagar la próxima administración municipal.
Comisión de urgencia
Varios precandidatos a la intendencia y concejalía, de distintos movimientos y partidos, conformaron una comisión de urgencia luego de conocer los alcances del plan del intendente Haitter. Solicitan a la comuna que posponga el proyecto y que en último caso no comprometa recursos de los años venideros.
“La planta de agua es un pedido de toda la ciudadanía, pero hacer a los apurones algo tan grande va terminar mal. Pedimos al intendente Haitter y a la Junta Municipal que no le deje a la ciudadanía una gran deuda como regalo de despedida. Si quieren gastar los recursos de este año hasta el último centavo, que lo hagan”, señaló Víctor Stanley, dirigente de las mypimes y precandidato a concejal municipal.
Los intendentables desconfían de que la licitación estaría direccionada y que la única intención de las autoridades salientes sea asegurar un contrato grande a una empresa amiga. Analizan recurrir a la justicia ordinaria para tratar de parar el polémico proyecto.
El concejal José Duarte (independiente oficialista), por su parte, aseguró que el proyecto seguirá adelante. Dijo que el grupo de candidatos que pide el aplazamiento no representa a la ciudadanía y que la oposición al proyecto es una movida por cuestiones electoralistas.