Apuril señaló que nuevamente hoy tuvo que ser postergado por 15 días el estudio de la extensión de paquetes de mitigación financiera, que están incluidos en la Ley de Contención Económica ante la pandemia del COVID-19, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso debido a que la cartera económica envió un emisario siendo que se requiere de una autoridad para poder dictaminar una resolución sobre el tema.
El senador aclaró que estos paquetes económicos solo fueron previstos en la ley hasta finales del 2020, pues se entendió que la pandemia no tendría un impacto superior a dicho período. Teniendo en cuenta la situación actual de muchos sectores, indicó que desde su banca decidieron solicitar la extensión hasta finales de este año de las medidas a fin de poder brindar un “oxígeno” a los afectados.
“Por ley el año pasado se postergaban o se fraccionaban los pagos de los servicios ante la pandemia y esto venció porque se pensó que en el 2020 iba a terminar el impacto de la pandemia, pero resulta que estamos en el peor momento y la gente está gastando todo lo que tiene. Se está trabajando, pero mucha gente necesita oxígeno, que el año pasado se le dio porque se le obligó a no trabajar. Ahora deberíamos dar también porque muchos están hasta la cabeza”, sostuvo.
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Comentó que si bien desde Hacienda ya se manifestaron en contra de la extensión porque consideran que ya existe una reactivación económica, requieren de un debate con los autoridades de la cartera de Estado para poder analizar el alcance de la iniciativa y si podría tener viabilidad en algunos puntos. “Hacienda ya dijo que va a rechazar en algunos puntos, como que en la reducción de impuestos, pues mucha gente ya estuvo pagando. Pero debe haber una posibilidad de ayudar a los afectados a pagar Ande, Essap y otros servicios públicos”, mencionó.
El legislador también indicó que consideran que existen los fondos necesarios para poder financiar las algunas medidas. En ese sentido, mencionó que el direccionamiento de los fondos sociales de las binacionales, que recientemente fueron destinados a la lucha contra la pandemia.
“Hay saldos no gastados del empréstito que se realizó el año pasado de US$ 1.600.000 y por otro lado están los nuevos como el de los fondos sociales de las binacionales. No tenemos los mismos fondos, pero tenemos estos nuevos que pueden utilizarse”, declaró.
Acotó también que si bien en la iniciativa que plantean se estableció la extensión del plazo de las medidas hasta diciembre de este año, están abiertos a modificar el período o disponer de acuerdo al avance de la situación económica y epidemiológica. Afirmó que por ejemplo si en julio se observa una reactivación y se las cifras de COVID-19 se reducen, no habría inconvenientes en derogar las normativas.
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“Nosotros proponemos hasta el 31 de diciembre, pero estamos abiertos a modificación. Por ejemplo, si llegan las vacunas antes, entonces ya no es necesario que la ley esté vigente. Depende mucho de lo que ocurre en el país”, declaró.
Finalmente, instó a las autoridades del Ministerio de Hacienda a asistir a la Comisión de Presupuesto para que esta pueda emitir dictamen y que finalmente la propuesta legislativa sea tratada en el Senado.
Fondos son destinados a la emergencia sanitaria
Cabe destacar que los fondos socioambientales de ambas binacionales fueron otorgados al Gobierno nacional para utilizarlos en salud pública ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Estos recursos históricamente son un botín político de los gobiernos de turno, por lo que desde varios sectores sociales se insiste en que sean transparentados para conocer a qué fueron destinados en los últimos años.