Rechazan inconstitucionalidad de hermana de Arrom, que buscaba evitar querella de ministro por calumnia

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción de inconstitucionalidad planteada por Cristina Arrom, hermana del prófugo de la justicia por secuestro y otros delitos, Juan Arrom, por la cual pretendía dejar sin efecto la querella por calumnia, difamación e injuria promovida por el ministro secretario de Inteligencia Esteban Aquino. La acción del ministro fue iniciada luego de que Arrom lo acusara ante un Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de supuestamente haber participado de la “tortura” de su hermano.

Cristina Arrom, hermana del prófugo Juan Arrom y actualmente querellada por difamación y calumnia.
audima

La Sala Constitucional integrada por los ministros de Corte, Gladys Bareiro de Módica, César Diesel y Antonio Fretes rechazaron la acción presentada por Arrom, al considerar que no se configuraban los requisitos jurídicos para hacer lugar al pedido, que hubiese dejado sin efecto la querella privada, que se inició luego del juicio contra Paraguay, donde los prófugos Juan Arrom y Anuncio Martí exigieron una millonaria compensación económica a nuestro país, por supuestamente ser víctimas de tortura.

Cabe recordar que dicha demanda de los buscados por la justicia por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi fue rechazada por la Corte IDH. Durante el juicio, Cristina Arrom había acusado a Aquino de haber formado parte del grupo que supuestamente secuestró y torturó a Juan Arrom y Anuncio Martí en 2002.

Si bien Arrom y Martí había denunciado supuesta tortura, los mismos huyeron de Paraguay para evitar el proceso judicial por el secuestro a Bordón de Debernadi. Ademas, junto a otro procesado, Víctor Colmán, consiguieron refugio en el Brasil hasta 2019, cuando les fue revocado. Huyendo de la justicia y ante un inmenente proceso de extradición, pasaron a Uruguay, de donde también terminaron escapando para finalmente permanecer en Finlandia.

A modo de reparación, el ministro Aquino exige unos G. 850 millones a la querellada.

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