La ex viceministra de Tributación Marta González promovió una querella por difamación contra la directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista del medio Juan Carlos Lezcano por publicaciones críticas hacia una adjudicación de la SET, que se realizó durante la gestión de la exfuncionaria. La acción legal planteada por la exsecretaria de Estado fue muy cuestionada por la opinión pública, ya que se considera un claro intento de frenar las denuncias de corrupción en nuestro país.
Además, Lezcano está afrontando una querella por calumnia, difamación e injuria promovida por la firma Green SA, de Hugo Wilson Armoa, debido a que el periodista de ABC había realizado publicaciones sobre una licitación para la compra de un software por unos US$ 6 millones para el Instituto de Previsión Social (IPS), en plena pandemia del COVID-19.
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En conversación con ABC Cardinal, Yódice dio a entender que las acciones planteadas contra los directivos y periodistas del medio de comunicación mencionado evidencian que existe una estrategia de ataque perpetrado desde el Poder Judicial. “Sé a qué nos estamos enfrentando. El lunes tenemos un juicio de acción privada contra Lezcano. Estamos atendiendo una tercera querella contra el periodista. Esto no es algo aislado, es un todo donde directamente el medio está en el foco del ataque a través de acciones penales. Por lo visto, la estrategia es muy clara”, subrayó.
En ese sentido, el abogado refirió que en los diversos casos se agotarán los recursos legales correspondientes. Además, indicó que, en caso de evidenciarse conductas parcialistas por parte de representantes de la Justicia, se recurrirá al campo internacional a fin de obtener objetividad en el criterio jurídico.
“Si las resoluciones judiciales ameritan ser criticadas o los magistrados ponen en duda su debida imparcialidad, vamos a ejercer todos los resortes legales internos y, si hay necesidad, vamos a tener que ir ante los organismos internacionales”, sostuvo.
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Ayer, finalmente el Tribunal de Apelaciones resolvió apartar al juez penal de sentencia Elio Ovelar Frutos de la causa de la ex viceministra de la SET por una parcialidad manifiesta, ya que el magistrado tendría interés personal en la causa debido a que es constantemente denunciado por el medio. El camarista Gustavo Ocampos González votó en disidencia a sus demás colegas, pues no estaba de acuerdo con excluir a Ovelar del caso, pues considera que “sentaría un criterio pernicioso”.
Al respecto, Yódice indicó que considera que su actuar en el Tribunal resulta “peligroso” para la libertad en el ejercicio del periodismo. Además, descartó que el juez Ovelar haya sido atacado por el medio de comunicación por las publicaciones en su contra, argumentando que su caso es una situación de interés público.
“El voto de Ocampos González –si bien queda como algo anecdótico- me parece preocupante, porque para mí es una censura directa a la libertad de expresión y lo más grave es que proviene de un órgano jurisdiccional. En la visión de Ocampos, “publicar datos que dan cuenta de un incremento patrimonial injustificado por parte de un magistrado (Ovelar) constituye un ataque, pero en mi opinión es la exposición veraz, ecuánime y objetiva de un dato que la opinión pública tiene derecho a conocer”, sostuvo.
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Juez Ovelar, denunciado por inconsistencia
El 15 de marzo pasado, el ciudadano Hugo Sánchez presentó denuncia contra el juez Ovelar debido a que este no podría justificar el origen de su cuantioso patrimonio, que habría acumulado siendo funcionario público. Sánchez se basó en las publicaciones realizadas por el periodista Lezcano, de ABC.