Hablan de rosca de líderes “sintierra” y políticos para invadir propiedades privadas

La fiscala Sandra Ledesma, quien intervino ayer en un desalojo de más de 100 familias de dos propiedades en San Antonio, habló de una organización esquematizada de “sintierras” que cobran dinero a los más vulnerables para ocupar un espacio en los terrenos invadidos. Sostuvo que esta rosca podría estar amparada por políticos porque para ellos significan más votos en las elecciones. Como hecho más llamativo, contó que uno de los líderes tenía una orden de arresto domiciliario que debía cumplir en el sitio que invadió, algo inédito.

El desalojo en San Antonio comenzó a las 05:00 de la mañana y se extendió hasta pasadas las 09:00 del martes.Higinio Ruiz Díaz
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“Por supuesto que considero que ellos (los líderes) no pueden hacerlo solos. Es una rosca. Ocurre en muchas ciudades y en la mayoría de los asentamientos”, sostuvo Ledesma este miércoles en conversación con ABC sobre las invasiones en propiedades privadas especialmente en la zona del área metropolitana.

La fiscala habló de una organización que funciona perfectamente y que tiene varios engranajes que podrían ir desde políticos hasta funcionarios públicos que proporcionan los datos de los terrenos libres a estos supuestos líderes de personas vulnerables que hacen dinero al cobrarles por estar dentro de estas propiedades invadidas.

Ayer, la Fiscalía encabezó un operativo de desalojo de más de 100 familias que invadieron dos propiedades privadas en San Antonio. El abogado de los supuestos invasores, Javier Segovia, y el presidente del grupo, Isaac Benítez, fueron detenidos durante el procedimiento.

Como ejemplo, Ledesma contó que en poder de Benítez fue encontrado un cuaderno con datos sobre terrenos, cuentas corrientes catastrales y otros datos que dan cuenta de que forma parte de una asociación de varios actores que se comunican entre sí cuáles propiedades pueden invadir.

Como hecho inédito, contó que Benítez tenía una orden de arresto domiciliario que debía cumplir dentro de la propiedad que había invadido en San Antonio. Lo que la fiscala hizo fue ordenar su detención y comunicar al juzgado que incumplió su arresto por cometer otro hecho punible.

La agente indicó que estas personas podrían estar amparadas por políticos. “Ellos, para muchos políticos, son votos”, refirió. Además, comentó que los “líderes” hacen buen dinero al cobrar a los ocupantes por estar en esos sitios. Benítez, por ejemplo, fue denunciado por cobrar entre G. 3 millones y G. 5 millones por cada parcela de los dos terrenos en San Antonio.

“La investigación recién comienza (…) Esta es una rosca evidentemente. Si tenés 400 personas que te dan 100.000 mensual, es mucha plata lo que estás haciendo”, explicó y adelantó que tras el desalojo las personas que quedaron sin sitio para vivir migran a otro lugar e invaden otro terreno como parte de un ciclo en que los líderes se aprovechan. Ledesma, que es fiscala de Luque, informó que cada día ingresan unas 10 causas por invasión y que la cantidad en esa ciudad es la más alta.

Uno de los terrenos que fueron desalojados ayer tiene tres hectáreas y media y en ella estaban unas 80 familias. El otro tiene nueve metros de frente y 400 de fondo y en ese sitio había unas 30 casas.

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