Estos trabajos fueron otorgados a tres diferentes firmas por G. 192.423 millones, pero el precio de la obra ya se infló a G. 229.907 millones; es decir, registra un encarecimiento de G. 37.483 millones (US$ 5,7 millones al cambio actual).
Esto porque en el contrato no previeron plantas de tratamiento cloacal, pozos de agua, ni tampoco infraestructuras para discapacitados. Llamativamente, la cartera no previó estos ítems claves en pabellones que albergarán a casi 4.000 reos.
Aunque parezca insólito, el Ministerio de Justicia debía realizar otra licitación para encarar estas infraestructuras básicas, pero finalmente optaron por incluirlas en los contratos vigentes de Obras Públicas, por lo que se inflaron los montos de los contratos, de acuerdo a documentos oficiales.
Vale recordar que el lote 1 de Emboscada fue otorgado a la firma Aponte Latorre (representada por Osvaldo Aponte) y el monto del contrato original era por G. 62.324 millones, pero esta empresa terminará percibiendo G. 74.426 millones (encarecimiento del 20%) y registra retrasos en su ejecución, porque los trabajos debieron finalizar en abril de este año (avanzó 72,5%).
Asimismo, el lote 2, también de Emboscada, está a cargo del Consorcio Cordillera (representado por Emilio Díaz de Vivar), integrado por Edivi SA y Constructora Heisecke SA. Esta parte se le dio a este grupo por G. 62.299 millones, pero se le terminarán desembolsando G. 74.263 millones (sobreprecio del 20%). Este lote también debió finalizar en abril, pero los trabajos registran un avance de apenas 75%.
Por último, el lote 3, para la cárcel de Minga Guazú, se otorgó al Consorcio AGB - Tocsa SA (Sara María Blanco de Dose), por G. 67.799 millones, pero terminarán pagándole G. 81.218 millones. En teoría, este lote debe concluir en julio, pero avanzó solo 78,98%.