El procedimiento se realiza en prosecución a la causa de “Asociación criminal, lesión de confianza y producción inmediata de documentos público de contenido falso”, que el fiscal Colmán está investigando al imputado intendente Sosa.
El fiscal Colmán manifestó que la orden de allanamiento firmó el juez de Garantía de Carapeguá, Hilario Bustos, y en cumplimiento a dicho mandamiento se constituyó con las asistentes fiscales, abogadas Manuela Benítez y Cinthia Oviedo, acompañados de efectivos policiales.
Explicó que en su unidad fiscal se recibió la denuncia, sobre supuestas nuevas irregularidades que se cometieron en la gestión del intendente, por adjudicación irregular en la provisión de kit alimenticio para escuelas, cuyo proceso licitatorio no fue aprobado por la Junta Municipal.
Dijo además que de acuerdo a la versión brindada al momento del allanamiento por parte del director Administrativo, Marcelo Pizzurno, no cuenta con la documentación de la adjudicación de provisión de kits de alimentos y que este año se adjudicó a la empresa Citra S.R.L y de lo que va del presente año lectivo ya se pagó G. 50 millones, pero las documentaciones de aprobación y proceso licitatorio no se encontraron en la Municipalidad local.
Antecedentes
La investigación fiscal se inició en el 2020 ante la denuncia- planteada sobre supuestas empresas y obras fantasmas- por los afectados, Melquiades Ayala Ortiz (75) y su nieto Aldo Ayala González (24), ambos domiciliados en Mbuyapey, quienes manifestaron que siendo personas insolventes aparecen como proveedores de la Municipalidad de Acahay con frondosas ganancias. Ante esta situación el septuagenario se vio afectado porque el Ministerio de Hacienda dejó de transferirle el subsidio económico que recibía correspondiente al Programa de Adultos Mayores.
Asimismo, otra víctima fue su nieto Aldo Ayala González, quien fue el que detectó que su abuelo tenía el RUC activo y con varias empresas con jugosos ingresos que estaba proveyendo a la Municipalidad ellas son; las empresa San Cayetano y San Roque. Y a nombre de Aldo Ayala González se constituyó tres firmas, “8 de Diciembre, San Jorge y el Progreso”.
En esta causa también están imputados y con prisión domiciliaria hasta el momento, el ex contador de la Municipalidad de Acahay, Vicente Torres Sanabria, la concejal liberal de Mbuyapey, Mirian Giménez y su esposo Eduardo Espínola Ayala, este último se encontraba cumpliendo una condena de 8 años por desvío de G. 178 millones de la Facultad de Filosofía de la UNA.