En su dictamen técnico de febrero del 2020, sobre la contratación vía excepción del “servicio de actualización tecnológica del sistema de gestión tributaria Marangatu”, la Contraloría fue categórica al puntualizar que la “urgencia impostergable” que alegó la SET para aplicar la vía de la excepción “no se halla debidamente acreditada, considerando el lapso transcurrido en la búsqueda de soluciones integrales a los inconvenientes técnicos registrados”. Enfatizó demás que la convocante “tampoco acreditó suficientemente el perjuicio que ocasionaría recurrir a un procedimiento ordinario”.
Según el órgano contralor, Tributación incumplió el artículo 33 de la Ley 2051/03 “De Contrataciones”, que establece que deben existir razones justificadas para la adquisición o locación por razones técnicas o urgencias impostergables.
El documento puntualizó que el contrato sufrió adendas y que “las mismas se hicieron sin el correspondiente acto administrativo de autoridad competente que las aprueba y la ponga en vigencia”. Con esto se violó el artículo 22 de ley de Contrataciones, dice el dictamen técnico emitido en febrero del 2020 y que recién ahora salió a la luz pública.
Violación legal
La Contraloría apunta que de acuerdo a los documentos proveídos por la SET se verifica que la convocatoria para el llamado a Contratación por vía de la excepción fue publicada en tres oportunidades; “sin que esté consignado el medio de prensa, ni la fecha de publicación”. Esto violó el artículo 19 de la ley de Contrataciones, que dispone que los llamados se publicarán en cuanto menos un medio de circulación nacional, durante un mínimo de tres días, y en el órgano de publicación oficial. La información en los medios de prensa contendrá los elementos necesarios para que los posibles oferentes puedan determinar su interés de participar”.
Es decir que el órgano contralor detectó la violación de varios artículos de la ley de contrataciones para adjudicar el contrato.
El resultado del trabajo fue remitido al director de Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, DNCP, Pablo Seitz Ortiz y fue recepcionado el 15 de febrero del año pasado en mesa de entrada de Contrataciones, que habría elaborado un dictamen a la medida de González, quien utilizó el documento para querellar a la directora de ABC, Natalia Zuccolillo, y al periodista Juan Carlos Lezcano, por la serie de publicaciones que hizo este último cuestionando la millonaria adjudicación por vía de excepción.
El dictamen de la Contraloría es muy importante.
Antecedentes
Según los antecedentes, alegando urgencia, en el año 2016 la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) contrató en forma directa y por vía de la excepción al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), una organización con base en Panamá, para actualizar el sistema de gestión Marangatu.
Llamativamente, quienes fueron elegidos tenían entre sus directivos a Marta González Ayala, quien en ese entonces era la titular de la SET. Es decir, se contrató a un organismo en un momento en el cual ella era una de las autoridades integrantes.
De acuerdo a los datos que constan en el propio sitio web del CIAT, Marta González Ayala ingresó como miembro del consejo directivo de la organización el 6 de mayo de 2014, nueve meses después de haber asumido como titular de Tributación.
A pesar de que el sistema Marangatu llevaba años colapsando y generando un sinfín de cuestionamientos, no fue sino hasta 2016 que la administración de González Ayala decidió que era momento de actualizar el sistema tributario.
El llamado fue publicado en abril de ese año en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas bajo el ID 306.012.
El 17 de junio de 2016 se firmó el contrato con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) por el monto total de US$ 3.614.280, incluido IVA.
El contrato fue suscripto por la directora de Apoyo y Administración y Finanzas, por autorización de Marta González, otro punto que llama mucho la atención, porque eso sería indelegable.