Debido a que se está registrando un alto número de fallecidos por COVID-19, Halley señaló que también muchos aportantes y jubilados del Instituto de Previsión Social han perdido la vida en las últimas semanas. Por ese motivo, recordó que existe una indemnización para los familiares, que puede servir para hacer frente a los múltiples gastos que se generan.
Explicó que si el fallecido es un trabajador con hasta 15 años de aporte, el familiar más cercano puede cobrar una indemnización única del seguro social, que equivale al salario mínimo vigente, multiplicado por cada año de antigüedad. Ese pago pueden recibir los concubinos, esposos, hijos o hasta padres, si eran dependientes de la persona que perdió la vida.
Mientras que los familiares de trabajadores que tenían más de 15 años de aporte pasan a cobrar una pensión al heredero, que implica el cobro mensual del 60% de la jubilación a la que habría tenido derecho la persona fallecida. Ese mismo porcentaje cobran los parientes de jubilados. “Se genera automáticamente la pensión a favor de los herederos, del 60% de lo que ya recibía el jubilado”, puntualizó Halley.
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Cantidad de suspendidos aumenta cada día
Por otra parte, Halley resaltó que a diario el Ministerio del Trabajo recibe al menos 60 pedidos de suspensión laboral debido a las nuevas restricciones fijadas por el Gobierno en el marco de la pandemia.
Indicó que actualmente hay poco más de 25.000 personas que cobran el 50% del salario mínimo cada mes, pero para finales de este mayo consideró que esa cifra se elevará a 30.000, aproximadamente.
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El gerente del IPS destacó que muchas empresas han pedido suspensiones el año pasado, luego volvieron a trabajar pero desde febrero la crisis obligó a nuevos cierres, por lo cual la cantidad de subsidios ha ido variando. Hasta la fecha, la previsional pagó 600.000 liquidaciones a 150.000 personas.
En ese sentido, recordó que ya el Ministerio de Hacienda aprobó un nuevo depósito de U$S 50 millones al IPS, para que pueda seguir pagando a los trabajadores suspendidos por la pandemia, teniendo en cuenta que el fondo de U$S 100.000 millones acreditados el año pasado ya está por terminar.