El parlamentario indicó que se ha demostrado que todas las instituciones del Estado pueden ser transparentadas y llegó el momento de hacer lo propio en las entidades binacionales y, sobre todo, en los gastos sociales que históricamente han sido utilizados para fines políticos. “Al final hace falta voluntad política nomás”, consideró.
Kemper también destacó que, según su percepción, el proyecto que será propuesto sobre tablas por el liberal Blas Llano contará con los votos necesarios. “Tengo confianza en que se va a aprobar y esperemos que el presidente entienda el mensaje del Senado y obre en consecuencia; por iniciativa propia debería poner a disposición de la ciudadanía esos datos”, agregó en contacto con ABC Cardinal 730AM esta mañana.
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El senador de Hagamos reiteró que es el momento de que toda la información de las entidades binacionales sea pública, a través de una plataforma de acceso a la información. “Creo que hay números, me parece sobre todo que es el momento; la situación actual debería hacerles pensar a los colegas para que puedan decir: ‘Ya es hora’”, añadió.
Cabe resaltar que la auditoría que plantea Llano a la Contraloría General de la República sería sobre los gastos socioambientales de los entes binacionales se refiere al periodo de tiempo comprendido entre el 15 de agosto de 2018 hasta ahora, es decir, durante la actual administración de gobierno.
El proyecto también dispone solicitar a la Contraloría realizar todas las acciones necesarias para garantizar el uso de los recursos otorgando absoluta prioridad a la salud y a la vida de los compatriotas, tal y como lo establece la ley promulgada por Mario Abdo Benítez.
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Modificaciones sobre identidad electrónica
También en la sesión de hoy se tratará el proyecto de ley “de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos”. Al respecto, el senador consideró que la ley es necesaria y positiva para muchos aspectos, pero se podrían realizar algunas modificaciones para que sean varias las instituciones que realicen la reglamentación de la normativa.
“Va a servir para optimizar muchos procesos dentro del Estado y permitir que algunas plataformas de cobro y pago digitales sean más fáciles de instalarse en el país”, puntualizó.
Así también, añadió que todos coinciden en que debe existir trazabilidad en las operaciones, pero el mecanismo y las instituciones involucradas deben ser definidos.
Añadió también que lo que se debe buscar es que sea un programa aplicable, para que no se golpee a otras plataformas, como por ejemplo las empresas telefónicas que hoy gestionan giros de dinero de manera masiva para la mayor parte de la población.