El gerente de prestaciones de IPS, Pedro Halley, indicó que son unas 6.000 las empresas que solicitaron la suspensión de sus trabajadores asegurados en el IPS, pero que de igual manera los obligaron a asistir a sus lugares de trabajo.
“Esa la denuncia que nos llega por parte de diferentes empleados que, por temor a perder su trabajo, no dan nombres. Las empresas solicitan las suspensiones, el IPS paga esa suspensión y hasta ahí todo bien. Sin embargo, cuando se consigue y se valida todo, el empleador le dice a su empleado que igual vaya a trabajar y que su salario lo pagará el IPS, consistente en el subsidio por pandemia a trabajador de G. 1.096.000. Esto es perverso”, manifestó Halley a La Unión.
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En cuanto al monto defraudado, Halley dijo en total serían entre G. 27.000 millones y G. 30.000 millones. Señaló además que solicitará la intervención de la Fiscalía.
Bacigalupo no recibió denuncias
Sobre la denuncia, la ministra de Trabajo Carla Bacigalupo declaró que está sorprendida con la noticia pues no había recibido ningún comunicado de parte de esas empresas.
Mencionó que el año pasado sí tuvieron varias denuncias recibidas y que corroboraron dos de ellas. Luego hicieron la fiscalización y enviaron la información al IPS para que en caso de ser necesario la previsional envíe la denuncia a la Fiscalía.
Enfatizó que es IPS la institución que debe corroborar la legalidad de los pagos.
Ahora, piden nuevamente al IPS el listado de las empresas para corroborar que se haya dado o no una violación de vínculo laboral.
Aseguró que las denuncias no les llegaron al Ministerio del Trabajo, y que cree que el IPS quizá corroboró en su listado de suspendidos algunas irregularidades, por lo se detectó el trabajo de suspendidos.
Sostuvo que no tienen problemas en atender las denuncias y dar respuestas, y resaltó que también existe a figura de suspensión parcial de actividades laborales, que consiste en que acudan, por ejemplo, cuatro horas a trabajar, y por las otras cuatro horas paga el IPS.
El viceministro de Trabajo, Luis Orué, confirmó ayer que existieron empleadores desleales que comunicaban la suspensión laboral para que los trabajadores pudieran cobrar la ayuda de IPS, pero seguían trabajando sin cobrar su salario, pero sí la ayuda de IPS.
“Le beneficia bastante al empleador porque además de no pagar el salario, no paga el aporte a IPS. Encontramos ese tipo de empresas, intervenimos y tuvieron que pagar multas”, afirmó.
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Hay 23.000 trabajadores suspendidos
En tanto, la ministra Bacigalupo contó que a la fecha existen 23.000 trabajadores en estado de suspensión. Opinó que el sector del empleo formal “se ha portado a la altura, y no ha despedido a los trabajadores”.
Se comprometió a seguir protegiendo tanto el empleo formal como el informal, y trabajar para que la economía se reactive, basándose en el proceso de vacunación y cumplimiento de las medidas sanitarias.
Comentó que existen 632.000 cotizantes en el IPS al cierre de febrero, lo que habla de 1 millón de trabajadores formales. Además, existen dos millones de trabajadores informales, por lo que la estrategia de formalización es una prioridad para el Ministerio, resaltó.
Ahora tienen por objetivo mostrar a la gente las ventajas de ser formal, pues se puede acceder a subsidios y otros beneficios, y que esa adherencia a la formalidad sea espontánea.