“Lo que se viene haciendo desde marzo del año pasado es ilegal, inconstitucional y tiene carácter arbitrario. Se hace sin el sustento y se sigue haciendo pese a los señalamientos”, dijo Riera este lunes en conversación con ABC.
Según el abogado, el Ejecutivo menciona el artículo 68 de la Constitución, que indica que “toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro del respeto a la dignidad humana”, pero eso no implica un impedimento para la libre circulación, también garantizada por la Constitución.
Riera mencionó también la ley 716 del año 1995 que habla sobre delitos al medio ambiente, pero en que no se habla de cuarentena. En ese caso, sostuvo, debería interpretarse la cuarentena solo para las personas que están contagiadas con la enfermedad.
El presidente del Colegio de Abogados dijo que la figura que puede usar el Ejecutivo es la del estado de excepción si quiere enmarcarse dentro de la legalidad. “La cuarentena se habla para gente enferma, no sana. Acá se habla de todos incluidos. Sin estado de excepción, el Ejecutivo no tiene atribuciones de hacer lo que hace”, manifestó.
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Riera dijo también que no cree que el Ejecutivo deba seguir con el camino de las restricciones y sostuvo que este poder del Estado está “justificando su ineficiencia” con estas medidas, agregando que deben cumplir con la provisión de medicamentos, sitios en hospitales y disponibilidad de vacunas como las medidas más urgentes antes de tomar este tipo de decisiones.
“Todos los regímenes jurídicos de todos los países se han puesto en tensión. Aun así, más allá que tengamos cierta flexibilidad de utilizar la Constitución y las leyes, el Gobierno no debería hacerlo (…) No creo que sea localmente aceptable que el Ejecutivo siga por esa vía, porque la ley tiene cada vez menos aceptación social. El Ejecutivo debería replantearse este asunto”, aseguró.
Riera habló también de “decretos que son difíciles de leer e interpretar” que son firmados por el presidente de la República. Como respuesta a estas acciones, opinó que el Gobierno debería evaluar las medidas como un todo, con la economía y la educación incluidos, y no solo con el argumento del cuidado de la salud.
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“El sistema jurídico tiene hoy flexibilidad suficiente para que se pueda hacer lo que otros países hicieron. La cuarentena ha sido un efecto contraproducente en todos los países del mundo”, finalizó.
Desde mañana, agentes de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Patrulla Caminera y de la Senad saldrán a controlar el cumplimiento del decreto 5.160, que establece nuevas medidas sanitarias hasta el 10 de mayo, como la prohibición de circular de 20:00 a 05:00 en los municipios con nivel rojo por aumento de casos de COVID-19.
Ayer se registró el récord de fallecidos en un solo día, con 98 personas que perdieron la vida como consecuencia de la enfermedad. En los hospitales hay 3.027 pacientes internados, 514 de ellos en UTI. La cantidad de decesos trepó hasta ayer a 5.900.