Un día después de que en la Cámara de Diputados se haya blindado los fondos de gastos socioambientales de las binacionales —millones de dólares que los directores paraguayos de las represas usan a discreción— el presidente de la República ordenó la postergación de la licitación del puente que se proyecta construir entre la localidad chaqueña de Carmelo Peralta y la ciudad de Puerto Murtinho, en Brasil, una obra que se prevé para el desarrollo de una zona olvidada por las autoridades de ambos países.
Abdo sostuvo, en conferencia dada en Palacio, que dio instrucciones al ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, para que haga efectiva esta disposición. La contraparte paraguaya iba a pagar US$ 30 millones, dinero proveniente del lado paraguayo de Itaipú Binacional.
Según el presidente de la República, este dinero será ahora redireccionado para la compra de medicamentos e insumos por la crisis sanitaria que se vive en el país. La disponibilidad es inmediata. Wiens, por su parte, explicó que esta decisión “está siendo comunicada” al Brasil, que también prevé invertir en la construcción del puente.
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La licitación solo quedará pospuesta y será objeto de una “reevaluación” a mediados de año. El Presidente no descartó la suspensión total del llamado. “La prioridad es la salud”, manifestó.
Justifica fondos sociales
Itaipú tiene reservados unos US$ 105 millones solo en 2021 como dinero para gastos sociales, dinero que se usa a discrecionalidad, sin control alguno y que los políticos ansían para su campaña electoral.
Como forma de justificar el blindaje, Miguel Gómez, director de Coordinación Ejecutiva de la binacional Itaipú, dijo que unos US$ 30 millones se gastaron para financiar la compra de insumos, medicamentos y la construcción de hospitales. El jefe de Estado valoró la iniciativa como parte de los esfuerzos de su gobierno para la lucha contra el COVID.
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Ninguno se refirió al blindaje dado ayer en Diputados al proyecto que pretendía el uso de la totalidad del dinero de los fondos sociales para la compra de medicamentos e insumos en un momento en el que varias familias dependen de la venta de sus bienes o la solidaridad para poder sostenerse en los hospitales.
Los diputados cartistas sí aprobaron un oscuro proyecto llamado “Gasto cero” en que prevén usar US$ 32 millones que serían redireccionados desde el MOPC para supuestamente paliar los gastos de los familiares con COVID, pero no se precisa cómo se hará el control de las transacciones.
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Tanto el Ejecutivo como el Legislativo ya habían rechazado un proyecto de ley que buscaba que estos fondos sociales sean incluidos en el Presupuesto General de Gastos de cada año. El argumento dado por el Presidente fue que eso era algo jurídicamente incorrecto.
El dinero de los fondos sociales se usa también para financiar campañas políticas, contratar grupos musicales o financiar sus proyectos y hasta para concursos de belleza.