Tras un mes de anuncios y especulaciones, “Nano” Galaverna presentó formalmente su cuestionado proyecto de ley que plantea extender a ocho años, hasta el 2023, el mandato de los intendentes y concejales electos en 2015. También propone que las elecciones municipales y generales se realicen el mismo año en 2023 y por añadidura en 2028.
Sin embargo, la iniciativa se presenta en un ambiente de desaprobación generalizado con numerosos sectores que rechazaron la iniciativa.
Las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que ya postergaron los comicios en dos ocasiones, sostienen que un nuevo aplazamiento es imposible y los asesores del ente calificaron al pedido de “antidemocrático”. Inicialmente los comicios debían hacerse a inicios del 2020 pero pasaron a fines de ese año y finalmente al 2021.
Referentes del oficialismo también expresaron su rechazo y en el mismo sentido se expresaron las bancadas opositoras en la Cámara
Baja. A esto se sumó la negativa de la Bancada Colorada Cartista, cerrando totalmente la posibilidad de una aprobación.
Colapso sanitario, admiten
En su exposición de motivo, Galaverna señala que propone la suspensión de los comicios municipales para tratar de mitigar el colapso del sistema de Salud Nacional, admitiendo el fracaso del gobierno, del que forma parte.
“Sería una cruel falta a nuestro deber invocado, más, que hagamos caso omiso a la misma se convertiría en una atroz bofetada a la población, la cual ya se encuentra bastante desgastada”, admite.
En el primer artículo se plantea suspender temporal y parcialmente el Artículo 154 del Código Electoral y el segundo que las comicios queden unificados con las elecciones generales nacionales del año 2023.
El artículo tercero establece que el mandato de los intendentes y concejales electos en 2015 se amplia por 30 meses.
Aunque la ley se jacta de ser temporal, el cuarto artículo estable que las nuevas autoridades municipales electas en 2023 volverán a gobernar por cinco años hasta el 2028 lo que otra vez choca con los comicios generales de esa generación.
Finalmente propone transferir los fondos del Tribunal Superior de Justicia Electoral previstas para las elecciones del 2021.
El TSJE ya gastó US$ 22 millones para el alquiler de 15.000 urnas electrónicas en el 2020 y licitaciones y servicios por G. 193.000 millones para las internas.