La última ocasión en que debió realizarse la preliminar fue el 24 de febrero pasado, pero debido a las chicanas de los procesados, fue pospuesta.
Antecedentes
En el 2018, el fiscal Alcides Corvalán imputó por apropiación a quienes se hicieron pasar por directivos de la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados, para supuestamente extraer de forma irregular G. 1.200 millones. Los imputados fueron Nélida Huespe de Peralta, Celina Villalba de Lovera y Esteban Ferreira, sobre quienes la Fiscalía aseguró que había suficientes indicios de la perpetración de la apropiación.
Posteriormente, la fiscala Stella Mary Cano presentó acusación y reveló que el retiro de fondos de la asociación se registró entre el 17 de diciembre de 2014 al 31 de marzo de 2015, cuando los procesados ya no eran directivos.