En una sesión secreta, en la bancada del Frente Guasu un grupo de 25 senadores cartistas, llanistas y luguistas aprobaron un reglamento interno en busca de cambiar las reglas para forzar la aprobación del plan de enmienda. De forma meteórica presentaron el proyecto, dictaminaron y dieron media sanción.
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A medida que pasaban las horas aumentaba el número y la tensión entre manifestantes y policías. Llegaban políticos y parlamentarios, entre ellos el presidente del PLRA, Efraín Alegre y Rafael Filizzola del también opositor Partido Democrático Progresista.
Las protestas en los alrededores del Congreso motivaron una violenta represión policial, dejando a varios manifestantes gravemente heridos, entre ellos al diputado Édgar Acosta (PLRA), quien recibió a quemarropa un escopetazo en la cara, los perdigones de goma destrozaron su boca y casi le llevan a la muerte.
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En un momento, la Policía se replegó y un grupo de personas irrumpió el edificio del Congreso provocando varios destrozos, robos de los equipamientos y el incendio de una parte del edificio. La falta de protección de la sede del Poder Legislativo generó mucha crítica.
El hecho más grave se registró el 1 de abril, cuando un grupo de policías atropelló con disparos la sede del PLRA y provocó el asesinato del dirigente juvenil, Rodrigo Quintana. En el lugar se encontraban varios jóvenes de la Juventud liberal y parlamentarios.
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A cuatro años de aquel nefasto episodio, la Justicia sigue sin poder determinar quien dió la orden de atacar la sede del principal partido de oposición y no ha podido sustanciar la audiencia preliminar para los procesados del caso.
El principal acusado en la causa es el policía Gustavo Florentín, sindicado como el agente que disparó con su escopeta por la espalda a Quintana, tras atracar la sede del PLRA.