El abogado Óscar Tuma, que asesora a la familia Mareco en este caso, explicó ayer que desde el primer día de internación de su familiar en UTI, a fines de febrero, les pidieron a ellas que comprasen atracurio y midazolam alegando que en el servicio público no había. “Unas 50 ampollas por día usaba (el paciente). Gastábamos G. 2 a 3 millones por día”, dijo Marta Mareco.
Lina Barrios contó que luego de unos 20 días, ella se percató que muchas de las ampollas que habían comprado tenían el sello del IPS y el MSP. Al hacer una denuncia pública, el fiscal Omar Legal abrió una investigación. En este marco Marta Mareco y su madre declararán, detalló Tuma.
Lina Barrios se ratificó en su denuncia y contó que mientras los médicos pedían la compra de las drogas, frente al hospital había personas que tenían y ofrecían los medicamentos a los parientes de los pacientes.