CONCEPCIÓN (Aldo Rojas Cardozo, corresponsal). El intendente de esta capital departamental, Alejandro Ramón Urbieta Cáceres, está investigado por presunta lesión de confianza en la causa identificada como número 1591/2019. Además del jefe comunal, en el expediente están incluidos el administrador de la institución Pedro Alberto Vera Escurra, Arsenio Domínguez (director de Obras de la comuna) y el representante de la empresa Conserpar, Rigoberto Vicencini Benítez.
Según los antecedentes del caso, la denuncia contra Urbieta fue presentada por Daysi Silguero. La Municipalidad debía realizar la construcción de desagüe pluvial, adoquinado y empedrado por más de G. 8.199 millones en la avenida Boquerón. La ciudadana indica que la obra no se realizó en su totalidad a pesar de que la administración comunal realizó el pago a la empresa Conserpar, representada por Rigoberto Vicencini Benítez (imputado junto con Urbieta).
De acuerdo a la investigación, las obras realizadas en diversas partes por más de G. 8.199 millones presentan mala calidad y están incompletas. Según las pericias y opinión de expertos, los trabajos realmente habrían costado poco más de G. 6.000 millones, dejando un perjuicio patrimonial de más de G. 1.596 millones a la Municipalidad.
También, la municipalidad obtuvo un préstamo bancario de G. 573.129.628 para construcción de desagüe pluvial en la calle Soldado Desconocido hasta la intercepción de la calle 13 Tuyutí del barrio Villa Armando. La obra debía abarcar 21 cuadras, pero solamente se hizo en seis cuadras.
Las primeras diligencias señalan que se habrían detectado irregularidades con relación a la aprobación de balances, llamados de licitación, utilización y malversación de fondos. Además de la ejecución presupuestaria relacionada entre otros puntos, a obras ejecutadas y en ejecución.
La fiscal Stella Marys Cano pidió al juez penal de garantías de turno un plazo de seis meses para poder presentar el escrito de acusación u otro acto conclusivo; la fijación de obligación de los imputados de presentarse en forma periódica ante el magistrado o autoridad que designe; prohibición de salida del país, de la localidad en que reside o del ámbito territorial que defina el juez; prohibición de ingreso a la Municipalidad y a todas las dependencias; prohibición de comunicación entre los imputados y prestación de una caución real por el monto del perjuicio causado.