La empresa de Transporte Guaraní recurrió al Ministerio Público para pedir garantías y que los choferes que no se plegaron a la huelga puedan salir sin ser impedidos por sus colegas. La fiscala de turno, Zulma Britos, ordenó custodia policial para garantizar el normal funcionamiento del transporte.
Entre ambas empresas aglutinan a unos 50 trabajadores del volante, de los cuales una mayoría acató la medida de fuerza declarada por el sindicato de choferes.
Los huelguistas exigen el pago del salario mínimo que les corresponde por ocho horas trabajadas, que equivale a la suma de G. 2.872.000 (el monto que corresponde a un sueldo mínimo más un 30 por ciento por la tarea de cobrar los pasajes).
Asimismo, otro de los reclamos es el pago del servicio previsional, del Instituto de Previsión Social (IPS).
Respecto de la situación, el asesor jurídico de la empresa Transporte Guaraní, Juan Ángel Cabrera, sostuvo que los trabajadores están ejerciendo un derecho constitucional, y la empresa no se opone a eso.
Lo único que les pedimos a los trabajadores es que entiendan la situación que se está dando, y que es la brusca caída en la cantidad de pasajeros por efecto de la pandemia. Esto nos obliga a regular la salida de buses, no podemos sacar todos los 75 vehículos, necesitaríamos por lo menos 10.000 pasajeros por día, y eso es imposible ahora, señaló.
Atendiendo que el trabajo se debe realizar, por tratarse de un servicio público, los transportes salen en tandas rotativas, de 10 a 12 buses por día. Esto obliga a que los trabajadores no puedan salir todos los días.
Respecto del pago del IPS, un reclamo legítimo de los trabajadores, Cabrera sostuvo que efectivamente es una obligatoriedad, pero que también las empresas necesitan una tarifa adecuada para poder cumplir con todas las cargas sociales.
En estos momentos está en estudio un pedido de aumento de los precios de los pasajes, a G. 4.000, que debe ser resuelto por los municipios que integran el área metropolitana, que son Encarnación, San Juan del Paraná y Cambyretá.