Osmar Legal fue uno de los fiscales que se constituyeron ayer en el Ineram para colectar información referente a la venta ilegal de atracurio y midazolam a los parientes de los familiares de enfermos de COVID. Concretamente, el agente investiga la “desaparición” de un lote de 1.000 ampollas de midazolam, aunque la pesquisa también abarca otros medicamentos.
La Fiscalía se centra en conocer cuál fue el recorrido de este lote de medicamentos que fue comprado por el IPS, pero entregado supuestamente al Ministerio de Salud como parte de un convenio en enero pasado.
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Legal dijo que, de acuerdo a los datos que tienen hasta ahora, el lote de medicamentos no llegó al Ministerio de Salud y que ahora deben cotejar la documentación desde el Instituto de Previsión Social (IPS).
“Por un lado, formalmente, no podemos quedarnos con declaraciones en medios, necesito formalizar en documentos. Se habla de que se envió a Ineram… pero tenemos que corroborar si llegó al parque del MSP (con documentación)”, dijo el agente.
En otro momento, indicó que posee el registro de todas las trasferencias de los otros lotes entregados por el IPS al MSP, pero no el del lote en particular que se está investigando. “Ese lote a priori no existe (en los registros)”, sostuvo.
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Legal no descartó que funcionarios de IPS o del Ministerio estén implicados y, en ese sentido, contó que el sistema del Ineram es muy eficiente porque permite el cruzamiento de datos, por lo que cree que los remedios robados que se vendieron pudieron haber ingresado a otros hospitales y comercializados en las adyacencias del Ineram.
“Tenemos que ver de dónde lo trajeron (…) Llegaríamos a personas que trabajan en el mercado negro”, concluyó, al referirse a que la investigación apunta también a desmantelar esta red de venta ilegal de medicamentos robados.
Ayer, los agentes del Ministerio Público Claide Acosta, Diego Arzamendia y Osmar Legal se presentaron en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) “Juan Max Boettner” en el inicio de la investigación por venta ilegal de remedios de uso exclusivo del Instituto de Previsión Social (IPS) y que estarían siendo comercializados a través de particulares a los familiares de pacientes internados en dicho hospital especializado en la lucha contra el COVID-19.