JUAN LEÓN MALLORQUÍN (De nuestra redacción regional). El requerimiento fiscal fue presentado tras concluir el plazo de investigación ante el juzgado penal de Garantías Nº 5, a cargo de la jueza Cinthia Garcete Urunaga, quien tiene un historial de blanqueo de políticos.
La fiscala Cubilla solicitó el sobreseimiento provisional debido a que no llegó a completar las pruebas para cerrar el caso. Un informe pericial del Laboratorio Forense del Ministerio Público está pendiente y será clave para determinar la responsabilidad o no del jefe comunal liberal, según informó a nuestra redacción el concejal denunciante Rubén Cabral (ANR).
Según la imputación presentada el año pasado, en 2017 la Junta Municipal había autorizado un préstamo de G. 967.773.411 para diferentes obras a pedido del intendente. Sin embargo, en la rendición de cuentas no fue consignado el monto obligado del rubro de préstamo ni los pagos declarados. Tampoco los fondos se encontraban disponibles en el balance general de la Municipalidad. Al ser consultado sobre el faltante, el intendente envió a la Junta certificados de pago de G. 444.675.900 por la remodelación del polideportivo, otro pago de G. 154.486.000 por construcción de alcantarillas y un último pago por obra de alcantarilla por G. 237.020.000. No obstante, las tres obras fueron financiadas con recursos de royalties y Fonacide, según un informe de Contrataciones Públicas. Por otro lado, la Oficina de Auditoría del Poder Ejecutivo detectó la utilización irregular de G. 789.404.259 mediante un análisis de la ejecución de los recursos del Fonacide y royalties.
El Intendente dijo que la Fiscalía no encontró nada en su contra y que por eso no pidió su juzgamiento.