El viceministro Orué confirmó que están realizando la verificación in situ de la expedición de facturas. “Estamos viendo si cumplen las farmacias con el talonario preimpreso o, en el caso que sea autoimpreso. Posteriormente vamos a verificar a través de una fiscalización puntual aquellas que venden medicamentos que afectan a personas que están internadas en terapia intensiva por el COVID”, señaló.
Contó que ayer recibieron varias denuncias de familiares de personas internadas que decían que “al comprar los medicamentos no se les está expidiendo las facturas correspondientes; de hecho, les pedían pero tenían prohibido. Evidentemente hay una irregularidad desde el punto de vista tributario y actuamos en consecuencia. Ayer estuvimos fiscalizando 11 farmacias que están cerca del Hospital de Itauguá; hoy estamos haciendo lo mismo cerca del Ineram”.
El secretario de Estado dijo que van a verificar las farmacias que están cerca de los hospitales respiratorios. “Nos preocupa mucho la no expedición de la factura y si podemos colaborar nosotros desde el ámbito tributario, ante esta investigación de presunción de venta de insumos que salen de hospitales públicos o IPS, que ayer el Consejo había denunciado ante la Fiscalía (...) Por eso todo el equipo de Jeroviaha está trabajando en eso”, explicó.
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“Estas farmacias no tienen la culpa de tener lo que el sector público no tiene, de alguna parte tienen que conseguir los familiares, no se les castigaría por eso. Si se vende formalmente, legalmente no hay ningún problema”, observó.
En una libertad de mercado si es que yo quiero comprar, ¿hasta qué punto tiene derecho a lucrar con ese medicamento? “Eso está sucediendo a nivel mundial. Ayer, Italia en su puerto retuvo vacunas AstraZeneca que iban a ir a Australia. A nivel mundial hay escasez de medicamentos y vacunas, lo que sucede es que en algunos de los casos se quiere aprovechar, por eso el Ministerio de Salud convocó a las empresas privadas y entiendo que la Constitución garantiza la libre concurrencia”.
Más adelante apuntó que “el Estado no puede fijar precios, pero también dentro de una renta lógica, ahí la institución que tiene que defender al consumidor, que depende del Ministerio de Industria y Comercio, tiene que hacer lo suyo. Cuando empezó la pandemia hicimos esa fiscalizaciones, trabajamos con industrias y otras dependencias porque vimos que los precios subieron terriblemente. No podemos sancionar por eso”, remarcó.
Ampollas de atracurio y midazolam, con precios astronómicos
Las ampollas de atracurio y midazolam, que cuestan G. 15.000 cada una y llegan a costar hasta G. 150.000, ¿puede el Estado intervenir y decirle ‘no podés cobrar más de tanto’? El viceministro dijo que esa pregunta trasladaría a Industria y Comercio porque ellos tienen su legislación y denuncias. Pueden hacer las sanciones correspondientes”.
En cuanto a liberar para que el sector privado pueda garantizar a precios razonables, ¿pueden liberarlos de alguna tasa con respecto a estas ampollas o sería muy oneroso para el Estado paraguayo asumir algo así?. “Hay que tener en cuenta que hay impuestos que se pagan en Aduana, hay aranceles que podrían ser liberados, tendríamos que analizar con Aduanas. No quiero responder irresponsablemente”, subrayó.
“Tenemos que involucrarles al Ministerio de Salud, Dinavisa, a varias dependencias para definir y actuar en consecuencia; de hecho, ya lo hicimos el año pasado cuando redujimos el IVA para productos de terapia. En ese momento no había batas, no había tapabocas. En el primer momento habíamos hecho reducción de aranceles e impuestos”, recordó.
En este momento se desarrolla una reunión entre Hacienda y representantes de Salud Pública para colaborar en ese aspecto.