Los diputados hicieron caso a la recomendación de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara y se ratificaron en el rechazo del proyecto de ley que establece la obligación de los altos funcionarios del Estado de presentar declaración jurada de intereses. La iniciativa fue al archivo en la primera sesión de 2021.
La propuesta legislativa pretendía establecer la obligación de que altos funcionarios, al ingresar a sus cargos, debían declarar los vínculos que tienen con las empresas privadas, así como las acciones que poseen, con el fin de evitar que exista un conflicto de intereses con compras públicas que realiza el Estado.
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El proyectista, el senador Derlis Osorio (ANR), argumentó que con la norma se logrará mayor transparencia para el combate a la corrupción e impunidad en las instituciones públicas.
En comunicación con ABC Cardinal, la diputada Kattya González señaló que decidió rechazar el proyecto porque pretenden corregir los errores que contenía. Explicó que están trabajando en una iniciativa que comprenda la ampliación de la ley de nepotismo y que exija la declaración a los funcionarios que realmente tienen conflicto de intereses entre el Estado y sus ingresos privados.
“Acá mucha gente se guía por el título y acá lo que hay que mirar es que hay que corregir un proyecto mal hecho, que únicamente habla de que la declaración jurada de intereses va a tener que ser presentada por los funcionarios de menor rango, no así diputados, senadores y ministros, quienes son los que realmente tienen intereses y que deben realizar esa declaración jurada”, explicó.
Seguidamente, enfatizó que “está cansada” de corregir proyectos mal elaborados. Asimismo, indicó que -según un criterio de técnica legislativa- cuando una iniciativa presenta errores en su contenido de más del 20%, corresponde archivar el proyecto.
Asimismo, González comentó que el proyecto en el cual están trabajando contempla también todos los mecanismos y normas con que debería contar la ley. Así también, refirió que fue socializado como corresponde con los actores vinculados, como la Contraloría, que sería la institución encargada de la aplicación.
“El proyecto fue trabajado con seriedad. Nosotros hicimos las audiencias públicas. Justamente, ponemos en el artículo 2° el ámbito de aplicación. Esto no contemplaba el proyecto que fue rechazado, tampoco define qué es conflicto de intereses ni habla de puertas giratorias, que es un tema crucial en un país donde un ministro de Hacienda se puede ir a ser gerente de un banco, donde un alto funcionario pasa de tener información privilegiada del BCP a trabajar en el sector privado, o viceversa”, declaró.
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La diputada no descartó que la iniciativa elaborada por el senador Osorio haya sido presentada con el objetivo de contar con una ley de ese ámbito, pero que realmente no refiera un control de los conflictos de intereses.
Finalmente, señaló que el proyecto de conflicto de intereses en el que están trabajando sería presentado la próxima semana.