El fiscal Marcelo Pecci consideró improcedente el ofrecimiento de reparar el daño social realizado por la defensa de las sospechadas, a fin de darle una salida al proceso.
El abogado Andrés Casati propuso para sus defendidas Ferreira y Godoy la aplicación de la pena de 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la condena, a cambio de la reparación social consistente en una donación de 50 camas para terapia intensiva, que en total están valuadas en unos G. 1.750.000.000.
El abogado defensor asimismo había propuesto a la Fiscalía a cambio de recibir el beneficio para sus clientas la donación al Ministerio de Educación de unas 600.000 mascarillas quirúrgicas, cuya calidad está avalada por la Facultad de Química UNA, y cuyo valor ascendería a unos US$ 200.000, según indicó.
Al rechazarse el procedimiento abreviado, Ferreira y Godoy deberán seguir procesadas penalmente.