El Instituto de Previsión Social (IPS) vuelve a la carga con una nueva licitación millonaria para la adquisición de servicios de seguridad privada.
El ente pretende destinar G. 37.764 millones por un año de este servicio. Curiosamente, al igual que la millonaria compra de un sistema informático, el proceso licitatorio se realizó durante las últimas semanas de diciembre, ya cuando la atención pública estaba en las festividades de fin de año.
Documentos a los que tuvo acceso nuestro diario dan cuenta de que el consejo de administración, encabezado por Andrés Gubetich Mojoli, adjudicó con el mayor lote a la firma Organización Watchman SRL.
Watchman está ligada a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado colorado José Chamorro y “partner” del exsenador liberal Dionisio Amarilla.
Chamorro Lafarja monopolizó durante años los millonarios contratos de servicios de seguridad y vigilancia en la previsional, hasta que en 2019 una nueva adjudicación fue frenada tras verse involucrado en un escándalo de intento de soborno para frenar publicaciones de nuestro diario.
La Contraloría General terminaría confirmando luego que el proceso que había otorgado el nuevo contrato a Chamorro Lafarja estuvo viciado de nulidades y estaba abiertamente direccionado.
Informes comerciales a los que tuvo acceso ABC Color dan cuenta de que Watchman tiene entre sus directivos a Cristina Alice Genes Barrios. Esta contadora pública también aparece como socia de Óscar Chamorro Lafarja en la empresa Negocios Internacionales & Comunicación SACI y de Servicios, una de las tantas que el colorado cartista utilizó en las últimas décadas para conseguir millonarios contratos públicos.
Organización Watchman SRL es una empresa que formó consorcios con compañías vinculadas directamente a Chamorro Lafarja, como Security Service Technology SA (SST), con la que configuraron el Consorcio SSTOW.
Como si todo esto no fuera suficiente, Organización Watchman SRL tiene registrado como su representante legal ante la DNCP a Víctor Martín Pantaleón Cabral Achucarro.
El mismo Cabral Achucarro también aparece registrado en la web de la DNCP como representante legal de SST, la firma con la que Chamorro Lafarja monopolizó los contratos de seguridad con el IPS.
Watchman y el Consorcio SSTOW recibieron unos G. 100.000 millones de contratos con el Estado en la última década.
Direccionado
El IPS no cuenta con servicio de seguridad privada desde que en mayo de 2019 el presidente Mario Abdo Benítez ordenó al entonces titular de la previsional, Armando Rodríguez, que anulara la adjudicación de US$ 28 millones que pretendía entregar a SST y Bullers SA, ambas firmas de Chamorro Lafarja.
Una serie de investigaciones realizadas por ABC Color revelaron graves irregularidades en el proceso que terminó favoreciendo a Chamorro.
El pliego estaba claramente direccionado a la citada empresa.
Millonaria sobrefacturación
Además, nuestro diario detectó que el IPS estuvo a punto de pagar un sobreprecio de casi el 40% por los servicios de seguridad.
Al SNPP la firma SST le cobra G. 6.168.659 al mes por cada guardia. El contrato es de 24 meses y debe proveer un total de 74 funcionarios de custodia. Al IPS pretendía cobrarle G. 9.681.703 por cada guardia de seguridad.