El juez Gustavo Amarilla convocó a los exministros del MAG Enzo Cardozo y Rodoy Godoy para el martes 23 de febrero, a las 8:30, a fin de sustanciar la audiencia preliminar en el proceso que enfrentan por el supuesto desvío de G. 68.000 millones que debieron ser distribuidos a un total de 188 comités de productores frutihortícolas.
Cardozo fue acusado por el supuesto desvío de G. 59.552.639.175 cuando se desempeñaba como ministro de Agricultura; mientras que su sucesor, Rody Godoy, está acusado por el presunto desvío G. 8.447.360.285. En total, el monto del perjuicio es G. 67.999.999.460 que en gran parte provenía de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
La acusación presentada el 6 de setiembre de 2014 por los fiscales Aldo Cantero y Martín Cabrera puntualiza que los recursos fueron desviados con burdas maniobras por las que otros procesados han sido condenados o beneficiados con otras salidas como la suspensión condicional del procedimiento.
De las 19 personas a las que acusó la Fiscalía, solo está pendiente de resolución la situación de los ministros Cardozo –exsenador liberal y actual parlasuariano–, y Godoy; además de Maristela Azuaga, exdirectora de Administración y Finanzas del MAG; María Lourdes Meza Vielma, Marcela del Carmen Fleitas y Alberto Javier Riquelme Paredes, quienes también fueron citados por el Juzgado para la preliminar.
Cargada de chicanas
La imputación del caso se presentó el 27 de diciembre de 2013, por la entonce fiscala Claudia Criscioni, y el 6 de setiembre del año 2014 los fiscales Martín Cabrera y Aldo Cantero presentaron la acusación por los hechos de estafa, lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y lavado de dinero.
Las múltiples chicanas que plantearon los acusados trabaron la realización de la preliminar desde el 2015.
Preliminar en otra causa
Los exministros del MAG, Enzo Cardozo y Rody Godoy, tienen otra causa por presunta lesión de confianza, estafa, lavado de dinero y producción de documentos no auténticos, del año 2014.
El juez Humberto Otazú fijó para el 2 de marzo, a las 9:00, la audiencia preliminar en la que debe resolver si eleva a juicio oral y público la causa en la que el supuesto perjuicio patrimonial es de G. 3.719 millones. Además de los exministros, fueron citados otros 18 acusados.
En esta misma causa el juez Otazú condenó a uno de los procesados a 2 años de cárcel (con suspensión) y a otros cinco les concedió la suspensión condicional.