CIUDAD DEL ESTE. (De nuestra redacción regional). La jueza Penal de Garantías de Ciudad del Este Cinthia Garcete Urunaga es la magistrada “preferida” por las autoridades imputadas de Alto Paraná, debido a su benevolencia con aquellos procesados judicialmente, principalmente, por hechos de corrupción y que son considerados “peces gordos”.
Clan Zacarías Irún
El senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC) es la figura de más alto perfil beneficiada en numerosas ocasiones por la cuestionada jueza.
En 2017 la magistrada archivó dos denuncias por supuesta usurpación de funciones en la Municipalidad esteña contra Zacarías, antes de que el mismo se convirtiera en legislador.
En diciembre de 2019, la jueza otorgó la libertad ambulatoria a Zacarías en una causa por desvío de G. 3.700 millones de las arcas municipales, también durante la gestión de su esposa Sandra McLeod.
Mientras que en junio de 2020, la jueza Garcete sobreseyó definitivamente al senador Zacarías y al coimputado Alberto Rodríguez (ANR, cartista), exintendente interino, en el desvío de G. 1.200 millones pese a que la Fiscalía solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.
Las tres causas inicialmente estaban con otros jueces, pero mediante recusaciones, chicanas y maniobras, la defensa de Zacarías Irún logró ubicar los expedientes en la oficina de Garcete Urunaga.
La jueza Cinthia Garcete anuló también una imputación contra Zacarías Irún- McLeod presentada en febrero del 2020 por un caso similar de desvío de fondos de la Comuna para propaganda política, por un perjuicio de G. 2.488 millones.
Liberales
El diputado Carlos Portillo (PLRA), acusado por tráfico de influencia, es otro “mimado” por Garcete.
La jueza primeramente dejó sin puntos de pericia a la Fiscalía en la extracción de datos del celular del liberal y después excluyó pruebas claves.
El expediente del legislador Portillo se tramitaba en Asunción, pero a través de maniobras legales consiguió derivar al despacho de Garcete.
Los últimos blanqueados por la magistrada son los exintendentes de Hernandarias Mario Castillo (PLRA, llanista) y Erico Agüero (PLRA), denunciados por supuesto desvío de G. 737.454.084.
Estas causas se gestionabas en Hernandarias y con las recusaciones de jueces el expediente terminó en manos de Garcete.
El presidente de seccional Elías Bernal Sánchez, cuando fungía de secretario general de la Gobernación de Alto Paraná en la gestión de Justo Zacarías (2013-2023), fue beneficiado con una resolución de la jueza en una investigación por supuesto abuso infantil.
La magistrada rechazó la realización de una prueba de ADN, que era prueba fundamental para el caso.
Sigue en curso
El proceso al intendente de Juan León Mallorquín Mario Noguera (PLRA) y al exintendente de Juan E. O’Leary Francisco Amarilla (PLRA) también se tramita en el juzgado de Garcete.
El primero fue imputado por lesión de confianza tras detectarse uso irregular de Fonacide por G. 789.404.259, mientras que Amarilla fue procesado en un caso que por imperio de la ley se guarda en reserva.
Modus operandi
En los casos de Zacarías Irún y Portillo la magistrada aplicó el mismo modus operandi que consistió en eliminar evidencias claves que se encontraban en celulares como mensajes de textos y llamadas.