El distrito pasa por una dura crisis política, desde el 15 de enero pasado, cuando Francisco Chávez González, fue destituido por la Junta Municipal local por abandonar sus funciones por 31 días y no dejar encargado de despacho. Esto se debe a que Chávez cuenta con arresto domiciliario y afronta una investigación por supuestos hechos de contrabando de azúcar.
Ante esta situación, la Junta Municipal aparados por la ley orgánica municipal, eligió como intendente interino a José Antonio Resquín, quien hasta el momento no pudo hacer el corte administrativo debido a que la sede municipal fue sitiada por los seguidores de Chávez, quienes se resisten a entregar las documentaciones del municipio e insisten que Chávez puede “administrar ciudad en modo teletrabajo” desde su casa en donde guarda prisión.
Uno de los abogados del denunciante, Enrique Villagra, dijo que el escribano público, Marcos Ayala, se extralimitó en sus funciones y usurpó la función de un juez, cuya persona en el cargo, es el único que puede ordenar el ingreso a la fuerza en un lugar.
Indicó que el procedimiento debe constar de un oficio y debe estar acompañado por un oficial de justicia para verificar el procedimiento, cuya situación no se presentó en el lugar. Agregó que la denuncia ya fue presentada en la fiscalía de Villarrica y el escribano público ya fue convocado por el fiscal Martin Escalada, para realizar su testifical. Añadió, que el caso también será informado al Colegio de Escribanos por el mal procedimiento del mismo.
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Por su parte, el denunciado Marcos Ayala, negó rotundamente las acusaciones y aseguró que fue contratado por el electo intendente, José Resquín, para constatar la situación en que se encuentra el municipio para un posterior corte administrativo. Aseguró que jamás ingreso a la fuerza al recinto y aclaró que un municipio es un lugar público de libre acceso para cualquier ciudadano del país.
Dijo que aparentemente los abogados no conocen las funciones de un escribano que tiene como único deber constatar todo lo que ocurra ante sus ojos.
Los demandantes se basaron en el código 241 del Código Penal Paraguayo, que establece que; “El sin autorización asumiera o ejecutara una función pública o realizará un acto que sólo puede ser realizado en virtud de una función pública, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa.”