Desde ayer jueves un grupo de ciudadanos instaló una carpa, denominada “De la Resistencia”, para exigir la renuncia del jefe comunal, Raúl Isaac Mendoza Ramos, y que la causa abierta en su contra sea elevada a juicio oral y público.
En la siesta de hoy una mujer, identificada como Cristina Ortiz, conocida dirigente social de la ciudad, se encadenó a una columna de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para exigir la inmediata renuncia del titular comunal.
Luego de unas horas, afectada por el extremo calor, la mujer se descompensó y tuvo que ser asistida. Según denunciaron en principio, los funcionarios del Centro de Salud no quisieron atenderla, pero finalmente lo hicieron.
Los manifestantes indicaron que no abandonarán el lugar y que permanecerán allí hasta el domingo. El lunes se trasladarán hasta el juzgado penal de Lambaré para exigir que el caso del jefe comunal pase a juicio.
Este 11 de enero se realizará la audiencia preliminar del intendente ante el Juzgado Penal de Garantías de Isabel Bracho. Mendoza fue acusado por el Ministerio Público por lesión de confianza y se habla de un faltante de más de G. 850 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide)
En parte de la acusación, la Fiscalía indicó que Mendoza recibió mediante el Fonacide, entre 19 de noviembre de 2012 al 28 de abril de 2015, la suma de G.3.610.343.059 y solo rindió cuentas de G.2.754.574.938, por lo que se habría producido un perjuicio patrimonial de más de G.855.303.500.
El proceso abierto corresponde al primer periodo (2010-2015). Además cuenta con otras denuncias en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, las que se encuentran “cajoneadas”.
En Delitos Económicos se presentó en agosto pasado una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito, lesión de confianza y lavado de dinero, que también involucra a la familia de Mendoza. La misma denuncia se realizó ante la fiscala local, Cynthia Torres, ya en octubre de 2019, pero esta no prosperó.
En dos ocasiones la Cámara de Diputados evitó la intervención de la administración de Mendoza. Durante sus cinco años de gestión la Junta Municipal rechazó el balance de la ejecución presupuestaria. Ahora el intendente buscará su segunda reelección, pese a que la ley prohíbe.