El informe de Hacienda revela que de enero a diciembre los funcionarios activos aportaron más de G. 2,4 billones (US$ 348,9 millones) a los fondos jubilatorios y los pagos en concepto de haberes a los jubilados superaron los G. 3,4 billones (US$ 496,4 millones).
El saldo rojo de esta institución en su mayor parte se financia con los recursos provenientes de la recaudación de impuestos que paga la ciudadanía y con parte del superávit que registra algunos sectores que conforman esta entidad.
La Caja Fiscal está constituida por seis sectores: empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales con superávit del 84%, 22% y 38%, respectivamente; pero el sector de policías, militares y maestros arrastran déficit del 62%, 78% y 43%, respectivamente; lo que finalmente llevan el resultado global a un saldo rojo en cada ejercicio.
La entidad, de acuerdo con las estadísticas de la cartera, desde 2015 viene registrando déficit consecutivo y la brecha aumenta cada año, por lo que desde Hacienda se pretende impulsar una reforma para ajustar ciertos parámetros que le permitan volverse sostenible en el tiempo. Sin embargo, la prioridad en materia de reforma la tiene el proyecto de ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones, que será de nuevo puesto a consideración del Congreso este año para su aprobación.
La Caja cerró diciembre del año pasado con 67.343 jubilados en planilla de cobro y un total de 229.860 funcionarios activos que aportan para el fondo jubilatorio.