Caso audios: fallo de jueces representa impunidad y una burla, dice diputada

La diputada Kattya González (PEN) afirmó este martes que la irrisoria condena a los implicados en el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados representa la impunidad y burla de los poderosos hacia la ciudadanía. Aseguró que con la decisión del Tribunal de Sentencia se perpetúa una claque corrupta que daña sobremanera a la Justicia y sostuvo que hablar de un juicio político a Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado, sería un desgaste innecesario, por el blindaje político que tiene.

Los exsenadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto durante una de las jornadas del juicio que terminó anoche.Archivo, ABC Color
audima

“Este fallo representa la impunidad, significa que los poderosos van a seguir gozando de buena salud”, dijo González en conversación con ABC este martes, al tiempo de afirmar que los jueces “ya no se ruborizan” para blanquear a los corruptos. “La justicia es dar a cada uno lo suyo y a la sociedad no se le dio ayer lo que le correspondía”, reclamó.

Ayer finalizó el juicio por el “caso audios”, materiales que fueron filtrados a través de ABC Cardinal desde noviembre de 2017. En las conversaciones se desnudó cómo operaba un esquema encabezado en ese entonces por Óscar González Daher desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) con el aval de su cargo de senador.

Kattya lamentó el daño que hizo el clan González Daher no solo a la justicia, sino a las personas que fueron víctimas del esquema de corrupción del que también forman parte los abogados “que aprietan, que se roban clientes. Ayer quedó consolidada esa claque judicial”, enfatizó.

La legisladora calificó de “mediocre” al tribunal compuesto por Juan Carlos Zárate, María García de Zúñiga y Héctor Capurro, que si bien encontró culpables a González Daher, Raúl Fernández Lippmann y a Carmelo Caballero, les impuso condenas risibles y excarcelables; es decir, ninguno pisará la cárcel.

Tema relacionado: OGD recibe leve condena y ello genera fuerte repudio contra jueces y fiscales

“Son personajes oscuros, se burlan de nosotros. Me siento una payasa”, añadió González, quien pidió, dentro de todo, seguir adelante y que la ciudadanía siga expresando su repudio a este tipo de hechos.

En relación a la Fiscalía, la calificó de “cómplice” y servil al poder político. Sobre Sandra Quiñónez sostuvo que impulsar ahora un juicio político sería “desgastante”, ya que la fiscala general del Estado está “blindada” por la “operación Cicatriz” entre Horacio Cartes y Mario Abdo. En mayo pasado fue rechazado un pedido de juicio por las múltiples irregularidades detectadas durante su gestión.

En ese sentido, González concluyó afirmando que lo ideal es que la gente “aprenda a votar” y que los jóvenes lo hagan en 2023 para construir una mayoría que permita tener un fiscal general del Estado que sirva a la ciudadanía y no a los políticos.

El juicio

El tribunal condenó al exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Óscar González Daher, así como al abogado Carmelo Caballero y al exsecretario del JEM Raúl Fernández Lippmann, al hallarlos culpables de tráfico de influencias en la causa conocida como Electrofácil.

El ex legislador colorado fue condenado a dos años de pena privativa de libertad, pero con suspensión de la ejecución de la pena, y tendrá que cumplir algunas reglas de conducta por el plazo de tres años para no ir a la cárcel. La misma condena fue establecida para Raúl Fernández Lippmann.

Ver más: Oviedo Matto fue absuelto y los dos testigos son acusados

Sin embargo, el tribunal dictó la pena adicional de 7 años de prohibición para ocupar cargos en la función pública tanto para Óscar González Daher como para su “partner” y exsecretario en el JEM, por lo que el ex parlamentario colorado no podrá pugnar por un cargo electivo en los comicios de 2023 como pretendía y que había anunciado cuando el juicio oral estaba en pleno desarrollo.

Por su parte, el abogado Carmelo Caballero Benítez fue condenado a 1 año y 8 meses de pena privativa de libertad, aunque tampoco irá a prisión porque la sanción es con suspensión a prueba de la ejecución. En su caso, la pena adicional es de 5 años de prohibición para trabajar en instituciones del Estado, pero podrá continuar con el ejercicio de su profesión.

Lo
más leído
del día