Unos 50 integrantes de la Federación Nacional Campesina (FNC) fueron imputados por el Ministerio Público debido a la invasión de tierras en la colonia Guahory, ubicada en el distrito de Tembiaporã, al norte del departamento de Caaguazú. Entre ellos se encuentran Marcial Gómez, secretario general adjunto del grupo, y Élida Giménez, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la FNC.
El 10 de diciembre arrancaron las citaciones para declarar ante la Fiscalía. Por día acuden a la sede del Ministerio Público cinco campesinos.
La imputación por parte del Ministerio Público es considerada por la FNC como una acción para beneficiar a latifundistas, que representan al modelo agroexportador y discriminan al campesinado pobre.
Los campesinos decidieron realizar un mitin frente a la sede de la Fiscalía en Caaguazú para denunciar la supuesta persecución. Alrededor de 25 labriegos se encuentran acompañando a los que declaran y reclamando las tierras de la Colonia, lo que consideran un derecho.
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Uno de los imputados, Marcial Gómez, calificó el actuar fiscal de una “persecución”. Además, señaló que el procedimiento es irregular, ya que la figura que utilizó el Ministerio Público para imputarlo fue ocupación y él no se encuentra en el sitio.
“Ellos hicieron en general la lista de imputación. Claramente es una persecución a la organización porque la lucha por la recuperación de Guahory es una causa que denominamos patriótica”, sostuvo.
En el mismo sentido se refirió Élida Giménez, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la FNC, quien también fue imputada. “Así luego nos caracterizan a la organización, como invasores. La Fiscalía tiene un accionar de persecución y, en este caso, los compañeros fueron imputados por luchar por un pedazo de tierra”, expresó.
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Seis años de conflicto en Guahory
La colonia Guahory es un sitio de constantes conflictos sociales entre propietarios del inmueble y los campesinos. La FNC considera que el terreno fue invadido por los latifundistas, por lo que plantean su recuperación a favor del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Campesinos de la zona, mediante el apoyo de la Federación, establecieron una resistencia en el sitio desde 2014. Por su parte, los propietarios gestionaron varias veces desalojos que, sin embargo, no resultan pues el terrero es nuevamente ocupado por los labriegos, por lo que lamentaron la inacción del Gobierno.