En este caso, resultó beneficiado el grupo francés Dechert LLP, por US$ 3,4 millones, para ofrecer este servicio, en el marco de la cuestionada licitación “para la contratación de los servicios de asesoramiento y representación legal en los arbitrajes internacionales promovidos contra el Estado paraguayo” (ID 388.172).
De acuerdo con los datos del MOPC, el grupo está conformado por abogados de gran prestigio, que colaboran con colegas de Europa, Estados Unidos, Asia y Oriente Medio, que están estructurados en transacciones corporativas y financieras, asesorías en una amplia gama de regulaciones, asuntos antimonopolio y laborales, y disputas a través de litigios o arbitrajes.
Asesorará en dos arbitrajes
La adjudicación es justamente para “atender” el arbitraje del fracasado metrobús, contra la firma portuguesa Mota Engil y, además, otro caso contra la firma Serviam SA Sucursal Paraguay (con matriz en Uruguay), que también demandó al Estado en el extranjero, por obras fallidas de la ruta PY09.
Este millonario gasto, que tiene financiación de recursos del Tesoro (fuente 10), se realizará a pesar de que tanto la Procuraduría como el MOPC tienen un “ejército” de abogados en sus diferentes direcciones, justamente para atender este tipo de casos, pero al parecer no son suficientes, y optan por seguir dilapidando recursos públicos.
En el caso del primer arbitraje internacional “ad hoc” al que recurrió la empresa portuguesa Mota Engil, excontratista del metrobús, sigue su curso y este mes le tocará al Estado paraguayo demandar a la firma portuguesa ante el mismo tribunal que fue conformado, por lo que “la asesoría de expertos será fundamental”, defendió el procurador, Sergio Coscia, cuando se le consultó sobre la contratación.
Este arbitraje se lleva adelante bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), también denominado Uncitral, por sus siglas en inglés. El proceso tiene como sede Asunción, aunque Mota Engil buscó en su momento que se desarrolle en Chile, violando el contrato. La firma reclama en este proceso US$ 25 millones por los supuestos daños que le causó el metrobús, pese a que ya cobró US$ 30 millones, pero no avanzó ni la mitad del proyecto.
Respecto al arbitraje contra la firma Serviám, Coscia aclaró que se trata de una empresa que había ganado una licitación para mantener la ruta PY09 en 2016, pero que no pudo ejecutar la obra por problemas que surgieron. Empero, reclamó cobrar los montos de su contrato en un arbitraje internacional. No se sabe en qué instancias se encuentra este proceso, ni cuánto reclama esta firma.