Ayer, el diputado Jorge Brítez protagonizó un polémico hecho al portar un cartel que indicaba “Tapabocas NO”. De esa manera impulsó el proyecto de modificación de la ley que establece el uso obligatorio de mascarillas en sitios públicos y privados de uso público donde no se pueda guardar la distancia de metro y medio.
El proyecto asegura que “no hay verdad absoluta” y plantea que se elimine la obligatoriedad. “Que sea a conciencia”, pidió. Además, planteó que hoy en día la ciudadanía no utiliza correctamente las mascarillas y eso se puede comprobar fácilmente en las calles.
“Salud no controla qué trapo se está poniendo la gente por su boca. Si no se usa bien, se vuelve un caldo de cultivo de virus, bacterias y hongos”, consideró.
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El parlamentario independiente de Alto Paraná indicó que la obligatoriedad no debería ser generalizada, puesto que hay ciudadanos que no pueden ni quieren utilizar las mascarillas, por no estar de acuerdo con su efectividad real.
“Acá ellos quieren obligar a todo el mundo y que la Policía salga a controlar. Si no tenés tapabocas, te van a crear problemas (…) La ley se puede mejorar, el proyecto es por la modificación en el sentido de la obligatoriedad; quiero que se respete el derecho y las garantías constitucionales”, insistió en contacto con ABC.
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Cabe recordar que la la Ley N° 6.655 se encuentra en vigencia desde el 27 de noviembre y establece la obligatoriedad del uso de las mascarillas o de un “elemento de protección que cubra nariz, boca y mentón, para todas las personas que concurran o asistan a los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y las del sector privado en general”.
Quienes violen dicha obligatoriedad pueden ser multados con hasta dos jornales mínimos y, en caso de reincidencia, se puede establecer incluso el cierre temporal del local en el cual no se respetó la normativa, por diez días. Además, en caso de una segunda reincidencia, se puede establecer “la clausura permanente”.
La ley establece que la autoridad de aplicación son las municipalidades en cooperación con la Policía Nacional, en el marco de la lucha contra el nuevo coronavirus.
Tras la publicación y entrada en vigencia, el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Manuel Riera, cuestionó la redacción de la ley y aseguró que presenta problemas técnicos y que su aplicación podría generar pedido de coimas.
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