El veto del Poder Ejecutivo a la ley a través de la cual se pretende transparentar el uso de unos US$ 100 millones en gastos socioambientales por parte de Itaipú y Yacyretá fue incluido sorpresivamente para su estudio en la sesión extraordinaria de ayer.
Sin embargo, luego de ser sancionado el plan de desembolso de US$ 17 millones para los piqueteros que días atrás ocasionaron un caos en el tránsito del microcentro de Asunción, con la versión de Diputados, los colorados cartistas se retiraron de la sala molestos con los abdistas por haberse aprobado la versión del Senado de la mencionada ley.
La multibancada opositora se sumó al retiro, con lo cual la sesión quedó sin quorum y tuvo que ser levantada.
El veto del Ejecutivo ya fue rechazado por el Senado y, en principio, se daba como un hecho que los colorados en bloque, que tienen 43 bancas de un total de 80, estarían a favor del veto, con lo cual, al disentir las cámaras el veto quedaría firme y la ley archivada. Sin embargo, la decisión quedó finalmente postergada.
Al iniciarse el tratamiento del veto, la diputada Kattya González (PEN) pidió su aplazamiento por 15 días y remisión a las comisiones para su estudio, pero el planteamiento ni siquiera se pudo llevar a votación debido a la falta de quórum.
Para que la Cámara de Diputados rechace el veto, tal como lo hizo el Senado, y obligar así a que el Ejecutivo la promulgue, debe reunir mayoría absoluta, es decir, al menos 41 votos, número con el que no cuentan las bancadas de oposición.
La inclusión del estudio de este veto nuevamente en el orden del día dependerá ahora de la mesa directiva y, de hecho, de una decisión política del cartismo, que tiene el manejo en la Cámara Baja, a través de su presidente Pedro Alliana.
El Poder Ejecutivo fundamentó su veto señalando que la ley es inconstitucional, ya que, supuestamente, no se puede disponer por una ley lo que está establecido en los tratados binacionales.
En contrapartida, el Ejecutivo propuso al Congreso incluir un artículo en el Presupuesto General de la Nación que autorice a los organismos y entidades del Estado a suscribir y ejecutar convenios con entidades binacionales para realizar las inversiones, que también establezca que serán sometidos al control de las autoridades competentes y que el Ministerio de Hacienda programará los gastos que serán ejecutados.
Uso discrecional
Con el uso discrecional del fondo de “gastos sociales”, los gobiernos de turno utilizan el dinero de manera prebendaria para obras y compra de insumos en diversos puntos del país, sin que la Contraloría o el Congreso puedan ejercer un control sobre los mismos.
Legisladores de la oposición señalan que el Ejecutivo no desea que exista ese control a los gastos sociales en vísperas de las elecciones municipales previstas para el año próximo.
Critican arbitrariedad de colorados
Diputados opositores, como el liberal Celso Kennedy y la encuentrista Kattya González, cuestionaron la manera arbitraria en que se manejan los colorados, aprovechando su mayoría. Como ejemplo, señalaron que la sesión de ayer fue convocada a las 23 horas del día anterior, por medio de mensajes de WhatsApp. Esto fue admitido por el presidente de la Cámara, Pedro Alliana (ANR-HC), quien defendió su legalidad. Señaló que el reglamento prevé que la convocatoria se puede hacer hasta 12 horas antes. Kennedy indicó que continuamente los colorados realizan convocatorias sorpresivas y, luego, a veces, dejan sin quórum, lo cual constituye una falta de respeto.