El titular de Sedeco, Juan Marcelo Estigarribia, indicó que debido a la limitada cantidad de personal se centran en las empresas encargadas de la distribución de las tarjetas. La idea es evitar la especulación de precios y que el servicio de recarga funcione correctamente.
“La Sedeco no se distrae en lo que es la reventa; eso está dentro del mercado informal. No tenemos la capacidad para atropellar este flagelo. Por eso, como estrategia vamos directamente contra estas empresas. Ellas son las responsables de la emisión de las tarjetas y deben rendir cuentas de cuántas hacen circular”, sostuvo.
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Pretenden que el sumario concluya en un plazo de entre 30 y 40 días hábiles, antes de que se cumpla el plazo de suspensión de aplicación del billetaje electrónico, el 31 de diciembre. Estigarribia expresó que la medida se inició recién ayer porque aguardaron recibir más reclamos.
Las sanciones que la Sedeco podría aplicar a estas empresas son pecuniarias y van de 20 a 10.000 jornales. Estigarribia adelantó que evaluarían igualmente sumarios a los accionistas de estas empresas vinculadas al billetaje electrónico.
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Billetaje electrónico, suspendido
El Viceministerio de Transporte implementó el uso obligatorio del billetaje electrónico en los buses públicos el 23 de octubre. Sin embargo, la aplicación quedó suspendida hasta finales de este año tras una serie de problemas en la distribución y venta de las tarjetas, reclamos de falta de locales de recargas y denuncias de usuarios en cuento a la carga y posterior saldo que les figuraba.
La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que establece sanciones a los que pretendan vender o cargar las tarjetas a un monto superior a lo fijado o solicitado. La Sedeco será la encargada de la aplicación de las multas.