Juez concede medidas alternativas a Friedmann y su esposa por caso “merienda escolar”

El juez penal de garantías Rolando Duarte otorgó medidas alternativas a la prisión al senador Rodolfo Friedmann y a su esposa Marly Figueredo, bajo una fianza de US$ 200.000 y US$ 100.000, respectivamente, según lo que solicitó el fiscal Osmar Legal. El legislador está imputado por un presunto esquema delictivo del que formó parte supuestamente cuando era gobernador de Guairá, entre 2013 y 2018.

Senador colorado Rodolfo Friedmann y su esposa Marly Figueredo, quienes están procesados por supuestos hechos de corrupción en la Gobernación del Guairá.Archivo, ABC Color
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La decisión del magistrado fue dada a conocer este jueves, informó Carlos Ortega, periodista de ABC. Friedmann está imputado por los delitos de administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo, supuestamente por amañar la adjudicación de los servicios de provisión de alimentos a escuelas del departamento de Guairá mientras era gobernador, beneficiando a una empresa a la que estaba vinculado.

Su esposa, la exmodelo Marly Figueredo, está imputada por lavado de dinero. En este caso también están implicados el diputado Éver Juan Aricio Noguera (ANR, Añetete), Silvio Álvaro Alfaro Bertolo (primo del senador), la escribana Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo y el funcionario del Indert Eduardo Domínguez.

Para perpetrar los delitos, Friedmann usó la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA) para proveer el almuerzo escolar en los periodos 2016-2017, de la cual el diputado Éver Noguera y Hugo Alexander Torales ya eran accionistas, refiere la imputación.

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El legislador habría forzado para que su primo hermano Silvio Álvaro Alfaro Bertolo sea igualmente accionista de ESSA, a la que también debía incluirse a la contadora Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo.

Según la investigación de los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Osmar Legal y Luis Said Frágueda, compró una camioneta para su esposa y obras de arte por miles de dólares con el dinero de la empresa ESSA SA, a la que concedió la licitación.

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El legislador fue salvado por sus colegas tras un pedido de pérdida de investidura que sigue pendiente en la Cámara Alta. El “cajoneo” fue decidido por los senadores hasta que se reglamente el artículo 201 de la Constitución, que habla de tráfico de influencias, ya que existen allí al menos cinco pedidos de diferentes sectores políticos.

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