La semana pasada, el Congreso rechazó el veto presidencial a la ley que establece que el Estado pague 40% más caro por bienes y servicios de origen nacional en compras públicas. De esta manera, la propuesta entra en vigencia pese a que el Gobierno advirtió que podría tener impacto negativo en los acuerdos internacionales.
Hernán Huttemann, asesor jurídico de Presidencia, dijo este lunes en conversación con ABC que la ley no entra en vigencia sino hasta que el Ejecutivo la publique de forma oficial, lo que conlleva nuevamente un estudio previo. De esta forma, recordó la postura de meses atrás y adelantó que podría plantearse una acción de inconstitucionalidad.
“No había una evidencia empírica sobre cómo iba a beneficiar a las empresas, porque no se incluía a las Mipymes. Se había incluido esa objeción en el Poder Ejecutivo”, sostuvo el asesor.
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El proyecto que ahora ya es ley con el visto bueno del Congreso aumenta de 20% al 40% el margen de preferencia en compras públicas para productos de origen local. Frente a esto, Huttemann dijo que “el propio margen de preferencia del 20% también sería discutible”.
“Estamos esperando recibir la ley. En última instancia podemos plantear una acción, pero primero tenemos que recibir el documento (…) Todavía no hicimos el análisis sobre si vamos a presentar o no una acción de inconstitucionalidad con respecto a esta ley”, insistió.
El viernes pasado, el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, dijo que desde su institución aún no tienen instrucciones para la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la ya aprobada ley de preferencias. Sin embargo, adelantó que eventualmente van a surgir varias acciones legales de ese tipo por parte de importadores paraguayos que se vean afectados por la normativa.
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La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, había explicado que dicho proyecto “no toma un apoyo específico a las Mipymes, tampoco tiene una temporalidad”. Recordó que el Paraguay, como integrante del Mercado Común del Sur (Mercosur), firmó acuerdos internacionales históricos en los que tuvo un trato especial y diferenciado para productos nacionales y las exportaciones, con la apertura de mercados, con la Unión Europea (UE) y la Asociación de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés). Hacienda también se había pronunciado en contra de la iniciativa.