El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició una investigación a los procedimientos realizados por el juez Miguel Riquelme, titular del juzgado multifueros de Yuty, departamento de Caazapá.
El martes último, el jurado remitió el oficio número 1328/2020 al juez Riquelme. El documento, firmado por el abogado Adrián Salas, vicepresidente del Jurado de Magistrados, expresa: “En los autos Nº 318/2020 caratulado ‘Investigación preliminar’ solicitamos que remita a la vista de este Jurado un informe sobre la causa así como las compulsas realizadas del expediente judicial que guardan relación con la publicación periodística del diario ABC Color, de fecha 17 de agosto 2020, titulada ‘Registro Público desnuda corrupción, pero los jueces hacen la vista gorda’, en el caso que el expediente judicial no se encuentre en el juzgado a su cargo, se sirva informar dónde se encuentra, en qué fecha, en qué hora fue remitido y quién es la persona que lo recibió”.
El juez Miguel Riquelme tiene el plazo perentorio de 48 horas para entregar documentación solicitada por el Jurado de Magistrados.
El juez Miguel Riquelme ejerce funciones en la ciudad de Yuty pero el 4 de agosto pasado se desplazo hasta Mayor Otaño, Itapúa, para entregar la posesión de un inmueble de 1.000 hectáreas.
Revivió la firma de un muerto
El 2 de enero de 2019, la Dirección General del Registro Público presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia de falsificación de título de propiedad, en Mayor Otaño.
El caso involucra a directivos de la firma Barcos SA: Sebastián González, Vicente Gómez de la Fuente y Eulogio Vázquez Bogado, así como a la escribana Graciela Villamayor.
Barcos SA tiene un título de propiedad elaborado por la escribana Graciela Villamayor, donde consta que el inmueble se originó con la venta de tierras del señor Plinio Kleeman el 2 de octubre de 2003.
El problema es que Kleeman murió el 6 de diciembre de 1997, según consta en el certificado de defunción expedido por la Dirección de Registro Civil.
Tanto el Registro Público como el Registro Civil documentaron la irregularidad existente en el título de propiedad de Barcos SA.
Las 1000 hectáreas en cuestión pertenecen a la familia Kaufmann, cuyos miembros son inversionistas alemanes radicados en nuestro país.
El juez llega a Otaño
El 4 de agosto último, el juez Miguel Riquelme se desplazó hasta Mayor Otaño para entregar la posesión de 1.000 hectáreas, propiedad de los Kaufmann, al docente Roberto Benítez Báez, quien afirma ser propietario luego de la compra realizada a Barcos SA.
Miguel Riquelme, sin librar oficio, sin tener oficial de justicia ni notificación previa, entregó la posesión a Roberto Benítez Báez. La jueza Mafalda Cámeron Luque tiene a su cargo el proceso judicial de nulidad del título de Barcos SA; impuso medidas cautelares sobre el inmueble.
El juez Miguel Riquelme violó las medidas cautelares y revivió el título firmado por un muerto.