La boda, que se realizó en plena vigencia de la cuarentena sanitaria con misa en Asunción y fiesta en San Bernardino, con un supuesto protocolo que nunca fue reconocido por el Ministerio de Salud, finalmente no tendrá una sanción mayor que la multa ya mencionada. Además de Bendlin, la organizadora del evento, Jessica Romina Miralles deberán pagar la suma de G. 7.500.000 cada uno para quedar fuera definitivamente del proceso.
Del total, unos G. 12 millones irán destinados al Ministerio de Salud, mientras que los 3 restantes, serán entregados a la Asociación Casa Virgen de Caacupé.
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La decisión se da justamente la misma semana que se decidió elevar a Juicio Oral y Público el caso de la dirigente social, María Esther Roa, también acusada por supuesta violación de la cuarentena por participar de una protesta contra la corrupción frente al panteón en junio pasado.