Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera concluyeron la investigación abierta a partir del “Operativo Llamada”, que consistió en 15 allanamientos simultáneos realizados en Asunción y Ciudad del Este el 23 de julio del 2019, sobre la evasión de impuestos de teléfonos celulares de alta gama.
La denuncia de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero que dio origen al proceso, revela que el monto de la importación irregular ascendería a US$ 678.300.678, desde el 2014 hasta mayo de 2019.
En su requerimiento conclusivo con relación a los 15 procesados por el caso, el Ministerio Público acusa y pide juicio oral solo para Carlos Gustavo O’Higgins Riquelme, accionista y presidente de F. G. Trading SA, por producción de documentos no auténticos.
Según la acusación, entre el 2017 y el 2018 el acusado presentó 750 facturas no auténticas y en el 2018, 155 facturas falsas por un total de G. 582.578.739.215.
Para Liz Paola Doldán, Vilma González de Doldán, Edison Doldán, Tamara Brunetto Vallet, Manuel Balletbo Cabrera, Charles Edison Doldán y Julio César Vera Melgarejo la Fiscalía pide suspensión condicional del procedimiento por evasión de impuesto y asociación criminal.
Estas personas son representantes y socios de las empresas Mobile Zone Internacional Import-Export, Excellence Import SA, Tenug Internacional SA, que evadieron impuestos por G. 61.808.381, G. 4.633.636.582 y G. 690.298.472.
Lo llamativo del caso es que la condición requerida por la Fiscalía para otorgarles el beneficio es que asuman el “compromiso de pago de impuestos adeudados y la multa correspondiente, de acuerdo a un plan de pago”, además de realizar una donación. Es decir, los procesados no han pagado aún los impuestos reclamados ni la multa, pero ya podrían ser favorecidos con una salida alternativa.