La Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina, Indígena y Popular (ACIP), que se juntaron para salir a protestar y llegaron hasta Asunción el martes pasado, lograron que el Gobierno les prometa instalar una mesa interinstitucional para el control del cumplimiento de lo acordado, cada 15 días.
En el punto uno del documento firmado, el Poder Ejecutivo se comprometió a reasignar el financiamiento para la reactivación de la agricultura familiar campesina e indígena, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), de los recursos previstos en el marco de las leyes presentadas por el Poder Ejecutivo para la recuperación económica. En particular, los previstos para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de US$ 25.000.000. Añade el compromiso del Congreso Nacional de reponer dicho monto en el presente Ejercicio Fiscal o en el PGN 2021 de manera adicional a los previstos en el mismo.
En segundo lugar, el Poder Ejecutivo también se comprometió a ejecutar los US$ 25.000.000 más los US$ 5.000.000 que ya se encuentran presupuestados en el MAG, totalizando US$ 30.000.000, de acuerdo a los planes de producción elaborados conjuntamente por la citada cartera y las organizaciones campesinas e indígenas firmantes, a ser ejecutados en el presente año 2020.
En el tercer punto, se acordó coordinar con los sectores afectados proyectos productivos de apoyo a la agricultura familiar campesina y en el cuarto, el Poder Ejecutivo se compromete, a través del Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación, a habilitar créditos para el fomento y desarrollo, de forma accesible, a largo plazo y baja tasa de interés.
A través del Banco Central del Paraguay, el Ejecutivo se comprometió emitir una resolución que regule el funcionamiento de las agencias de cobranzas y a trabajar sobre el reordenamiento de deudas de la agricultura familiar campesina e indígena, tanto el capital como los intereses y demás cargas financieras. Por su parte, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y del Instituto Nacional del Indígena (Indi), se comprometen a hacer una mesa de trabajo para intervenir en los desalojos, evitando su ejecución, en tanto no se demuestre fehacientemente la propiedad de la misma en una acción civil y estudiando caso por caso.
El documento firmado también hace referencia a instalar una mesa de trabajo con organizaciones campesinas para trabajar el acceso, legalización y recuperación de tierras para la reforma agraria y, a través del Indert, efectivizar la entrega de las tierras recuperadas del crimen organizado e inscriptas en nombre del Estado Paraguayo, para destinar para la reforma agraria.
También se incluyó la propuesta de debatir, estudiar y plantear conjuntamente el presupuesto para las viviendas sociales con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Finalmente, el Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo se comprometieron a conformar con las organizaciones firmantes un equipo de seguimiento de este acuerdo que se reunirá como mínimo cada quince días.
El representante de la CNI, Jorge Galeano, agradeció y reconoció la apertura al diálogo por parte de las autoridades del Ejecutivo, y destacó el acuerdo firmado ayer como una conquista importante de su organización, principalmente, el de la transferencia adicional al Ministerio de Agricultura y Ganadería para la atención a la agricultura familiar campesina, castigada por la crisis climática prolongada con la sequía. “Con esto se va poder socorrer, aunque el tiempo muy corto presupuestariamente hablando, pero la próxima semana el MAG presentará un plan de gastos adicionales”, señaló.
Posteriormente, por la CNI, también declaró Belarmino Balbuena. “Esta movilización se levanta, es un avance interesante, la mayor parte de nuestros reclamos fueron considerados. Con eso se podrá evitar el empeoramiento de la situación campesina e indígena, que sufrió la pérdida total de sus cultivos por la sequía, se tiene que hacer una resiembra”, expresó.
Balbuena añadió que queda pendiente el compromiso del seguro agrícola, un proyecto que tiene media sanción, y que los recursos comprometidos sean transparentados, para que llegue a la gente más carenciada. “Para que esto se cumpla nosotros vamos a poner todo de nuestra parte”, dijo. También mencionó que hay problemas judiciales, porque existen campesinos que están en la cárcel por culpa de problemas de tierras.
Por otra parte, como vocero por parte del Gobierno habló el presidente del Congreso, senador Óscar Salomón. “Fructíferas y muy positivas fueron las reuniones, hemos acordado mediante el apoyo de las autoridades del Ministerio del Interior, de Hacienda y de Agricultura y Ganadería, hemos logrado marcar una ruta a seguir, un compromiso del Legislativo y del Ejecutivo, con programas de apoyo”, dijo.
El texto firmado por el MAG por parte de la viceministra de Agricultura, Ing. Agr. Bettina Rosmary Aguilera, por el senador Óscar Salomón por el Legislativo y el ministro Euclides Acevedo por el Ministerio del Interior, entre otros.