Nancy de Jesús Florentín fue acusada ayer por la fiscala Victoria Acuña por supuesto cobro indebido de remuneraciones del Estado, a través del Ministerio de Educación y Ciencias, al no haber prestado servicios.
Según el escrito, la esposa del parlamentario colorado ocasionó un daño de G. 9.668.882 entre los meses de agosto y setiembre de 2018, con el cobro de salarios sin que haya prestado servicio alguno. Los cargos por los que cobró fueron Bibliotecario III, en el turno mañana; Categoría LDV; y Auxiliar Administrativo, en el turno tarde, en la escuela “Inglaterra”, de Sapucái.
La acusación destaca que “el hecho de haber percibido sumas de dinero en forma indebida se corrobora con la información proveida por la telefonía donde se indica que el número declarado como suyo en su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, específicamente en la consignación de sus datos personales y en el legajo digital de la funcionaria nunca se encontraba en las inmediaciones del lugar donde debía prestar servicios y en algunos casos en el lugar donde debía guardar reposo por los permisos por salud presentados”.
Agrega que el hecho de que la misma no acudía al lugar donde debía trabajar y en el cual supuestamente firmaba las planillas se prueba con el informe técnico del perito forense de la fiscalía.
En cuanto a Enzo Cuevas, hijo de la citada pareja y procesado como cómplice de enriquecimiento ilícito, el Ministerio Público pidió su sobreseimiento provisional, ya que la investigación continúa y hay tiempo hasta el mes de enero de 2021 para presentar el requerimiento conclusivo respecto al legislador de la ANR, procesado como autor del hecho punible citado.
Con la presentación del requerimiento conclusivo, el juez de garantías Yoan Paul López debe fijar fecha para la audiencia preliminar, en la que tendrá que resolver si Nancy Florentín enfrentará juicio oral y público; y si hace lugar al pedido fiscal en cuanto al procesado Enzo Cuevas Florentín.