La nota firmada por el ministro del MAG, Santiago Bertoni, y dirigida al canciller nacional Rivas manifiesta su postura en relación al acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
El documento internacional fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. El 2 de diciembre de 2019, el Poder Ejecutivo retiró el documento del Senado alegando que debía socializarlo con los sectores de la sociedad civil. Hasta el momento, el acuerdo no fue reenviado al Legislativo para su ratificación.
El titular del MAG refiere que la cartera observa “con mucha preocupación” ante la posibilidad de que Paraguay ratifique el acuerdo internacional.
Agrega que este acuerdo contempla el principio precautorio, del cual el Paraguay se ha manifestado siempre en contra, pues se basa en supuestos, sin fundamentos científicos, que causan trabas innecesarias al comercio y al acceso a tecnologías.
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) cuestionaron el acuerdo internacional, como la afectación a la exportación. En la nota, con fecha del 9 de setiembre pasado, 60 organizaciones de la sociedad civil solicitaron al presidente Mario Abdo Benítez la ratificación del acuerdo. En la nota, las organizaciones exhortan al Ejecutivo y al Senado concluir el proceso de ratificación por parte del Estado para “seguir avanzado en el compromiso que Paraguay tiene con los derechos de acceso a la información en materia ambiental para consolidar el desarrollo sostenible en la región”. Recuerdan que nueve países ya ratificaron el acuerdo hasta ahora, entre ellos Bolivia, Uruguay y Ecuador.
Ezequiel Santagada, de la ONG Idea, señaló que el acuerdo no frenará la producción, sino que le dará valor social y fomentará el desarrollo sostenible bajo los tres pilares: económico, social y ambiental.
“El acuerdo Escazú ayudará a evitar la ilegalidad ambiental porque en el Chaco, por ejemplo, los desmontes son 24% ilegales, según el Infona”, expresó.
Suscitó polémica con Iglesia Católica
El canciller Antonio Rivas aclaró a fines de diciembre del año pasado a autoridades de la Iglesia Católica, a miembros de grupos evangélicos y de organizaciones provida que los acuerdos Escazú y de Nairobi no implican que el Paraguay acepte el aborto, el matrimonio gay o la eutanasia. El arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, admitió que expresaron sus preocupaciones debido a que desconocían si los referidos acuerdos aceptaban otros pactos anteriores en sus “principios y declaraciones”. El acuerdo Escazú fue firmado por 22 países de América Latina y el Caribe.