Seitz conversó hoy con ABC y explicó que, si bien la investigación hecha por la DNCP del caso no encuentra una irregularidad en cuanto a la violación del artículo 40 de la ley de Contrataciones Públicas —que trata sobre las prohibiciones y limitaciones para que el Estado haga contrataciones—, la legislación es aún incipiente en cuanto a qué es un conflicto de interés.
“Hay una brecha enorme, un agujero gigantesco en la legislación que se convierten en problemas penales después por la falta de normas precisas sobre conflictos de intereses. Hay normas dispersas en acuerdos anticorrupción, pero no son el tipo de norma que nos gustaría tener a todos, en donde claramente especifique qué es un conflicto de interés, cómo se configura y cuáles son las consecuencias de que configuren estos hechos en la función pública o incluso en negocios privados”, sostuvo Seitz.
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Cabe recordar que González era titular de la SET y, a la vez, parte del CIAT, que hizo las recomendaciones técnicas para un llamado a licitación que derivó en la contratación de la empresa panameña Ideati, con un contrato de US$ 3 millones para supuestas mejoras dentro del sistema informático tributario.
Por las publicaciones de este caso en el diario ABC, la extitular de la SET querelló a su directora, Natalia Zuccolillo, y al periodista Juan Carlos Lezcano, pidiendo prisión para ambos y un resarcimiento de US$ 1.400.000.
Seitz ratificó que todo lo publicado por el diario es real.
“Los hechos señalados en las noticias del diario son precisos. Hubo un acuerdo con CIAT, hubo una participación de ciertas personas vinculadas a las noticias en ese contrato de CIAT, pero el contrato con CIAT no tiene una connotación comercial. CIAT es una organización internacional que se dedica al apoyo de cuestiones técnicas tributarias”, refirió. Sin embargo, confirmó que estas recomendaciones derivaron en el multimillonario contrato con Ideati.
“No señalamos que lo que se publicó en las noticias era incorrecto, sino que simplemente que no se configuraba el artículo 40 para declarar irregular la contratación (…) La duda hizo que la DNCP abra una investigación bastante compleja y amplia. Uno de los puntos complejos es la falta de definiciones legales en cuanto a conflicto de interés”, concluyó.
Juez se apartó del caso
El juez de sentencia Elio Ovelar se inhibió ayer del juicio impulsado por González por amistad y frecuencia de trato con el abogado Álvaro Arias Ayala, quien asumió la defensa del periodista Lezcano.
El expediente fue remitido a la magistrada Olga Ruiz, suplente de Elio Ovelar y quien ahora es la encargada del Tribunal Unipersonal que estudiará el caso.
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Ovelar tuvo una llamativa actuación en esta causa, pues a sabiendas de que no llegaron aún importantes pruebas de la defensa, específicamente informes de autoridades judiciales de Panamá, insistió en realizar el juicio lo antes posible.