Esta mañana, Adrián Salas fue abordado con respecto a la situación que envuelve al juez Elio Ovelar en la querella iniciada por la exviceministra de Tributación Marta González contra la directora de ABC, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano. El inconveniente se basaría en que Elio Ovelar es padre de Marcelo Ovelar, excoordinador de la Unidad de Contrataciones de la Dinac, que está procesado actualmente por la compra de tapabocas sobrefacturados y sobre quien el diario ha hecho una serie de publicaciones.
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Al respecto, Adrián Salas dijo que no puede preopinar, pero agregó que se puede hacer un seguimiento del caso. “El JEM puede actuar de oficio cuando se atiende un mal desempeño, pero cuando se entra en interpretaciones le impide al Jurado meterse”, indicó.
“A veces cuesta cuando las instituciones no funcionan bien; a veces se dan situaciones cuando uno se siente cuando no se siente acompañado. Creo que hay que controlar, porque me parece que se trata de una cuestión delicada, sensible, y estar atentos. Me cuesta opinar”, aseveró.
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Añadió que las causales o los motivos de la excusación están en la ley. “Cuando hay una desconfianza en cuanto a la imparcialidad del magistrado, más allá de lo que se pueda tener en la ley, a veces uno se aparta. Yo, en casos contados me he apartado, cuando no sentí realmente esa confianza que viene del ciudadano, del justiciable, porque yo soy del criterio en relación de la imparcialidad no es que va para el magistrado sino para el justiciable, que necesita o debe contar con un magistrado imparcial”, detalló.
Agregó que uno tiene que entender como juzgador cuando ya no cuenta con la confianza y que siempre hay elementos para apartarse por decoro y delicadeza.
Antecedentes
La querella fue presentada en setiembre del año pasado por la exviceministra de Tributación Marta González en contra del periodista y la directora de ABC. González no aceptó conciliación y exige un resarcimiento de más de US$ 1.400.000 “por daños”.
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La acción judicial se debe a artículos en ABC con respecto al manejo del dinero público por parte de González durante su administración en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Las publicaciones que molestaron a la exviceministra apuntaban que entregó un contrato de US$ 3 millones al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), sin competencia, porque supuestamente la firma era la única capaz de realizar ese trabajo; sin embargo, fue otra empresa la que lo hizo porque la CIAT tercerizó el servicio.
Además, según la propia web del CIAT, un tiempo después de que Marta González Ayala estuviera al frente de la SET, ingresó como miembro del consejo directivo de la organización.