La senadora Giorgia Arrúa confirmó que realizaron hoy la presentación con el objetivo de que el proyecto sea girado en la jornada a la Comisión de Asuntos Constitucionales y así tener un dictamen para tratar la pérdida de investidura de Ernesto Javier Zacarías Irún la próxima semana.
Agregó que le rogó a la Comisión de Asuntos Constitucionales que emita un dictamen. “Para nosotros es absolutamente fundamental que se pronuncien, que asuman esa responsabilidad y dictaminen, para que luego en el pleno podamos entonces darle el derecho a la defensa, se le corre traslado con todas las pruebas que hemos acompañado, él ejerce su defensa, se debate en el pleno y luego se vota”, puntualizó.
La parlamentaria hizo énfasis en que el Congreso tiene la potestad de juzgar a sus pares y eso es lo que espera que suceda en este caso.
“Tengo personalmente la certeza de que (ZI) buscó la protección de los fueros y la protección del Congreso justamente por su pasado ya delictivo y porque quería seguramente seguir haciendo cosas. Y no tengo la más mínima duda de que sigue utilizando el cargo que tiene para influir en las resoluciones judiciales que se dictan en sus causas, para amenazar y presionar”, acusó.
La senadora Arrúa destacó que esa situación fue la que impulsó al grupo de parlamentarios que recabó una serie de datos antes de presentar el proyecto.
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Recordemos que, luego de numerosas críticas, el pasado 8 de setiembre Javier Zacarías Irún había presentado su renuncia como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El mismo había sido designado como miembro sustituto del JEM, cargo que ocupó desde julio de 2018 hasta la mencionada fecha.
Fue blanqueado en julio de este año
Recordemos que el pasado 23 de junio la jueza penal de Garantías local Cinthia Garcete Urunaga sobreseyó definitivamente al senador Javier Zacarías y al coimputado Alberto Rodríguez (ANR, HC), ex intendente interino, pese al pedido de la Fiscalía de elevar la causa a juicio oral. Ambos estaban acusados por un millonario perjuicio a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este, en el caso conocido como “Frontera Producciones”.
De acuerdo a las investigaciones fiscales, el senador colorado habría sido el instigador para usar el presupuesto de publicidad institucional de la Comuna para la campaña proselitista de candidatos cartistas en las internas de 2015 y 2017. El perjuicio a las arcas municipales asciende a G. 1.200 millones.
El hecho se habría concretado durante la gestión de los ex intendentes cartistas Sandra McLeod de Zacarías y Alberto Rodríguez. Al igual que ellos, también fueron procesados el locutor Carlos Bordón Bottino, dueño de la empresa de maletín Frontera Producciones (empleada en el esquema); el exjefe de Prensa de la Comuna Juan Sanabria y el exdirector de Finanzas David Espínola.
Todos estos últimos fueron beneficiados con el sobreseimiento provisional también de la misma jueza Garcete Urunaga, quien anuló un dossier de pruebas claves presentadas por la fiscalía al solicitar el juicio oral.
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